
Durante el 44° aniversario del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su rechazo a la ley que penaliza a menores de 16 y 17 años por delitos graves y adelantó que la institución que lidera viene evaluando qué acciones legales adoptarán para revertir su vigencia.
"Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos. Ese es el camino equivocado que tenemos y estamos a punto de rectificar", cuestionó.
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"La citada ley responsabiliza penalmente a los adolescentes menores de edad. Es decir, como si se tratara de adultos, pese a nuestra oposición, así como de todos los sectores involucrados para que se aplique una política de prevención, el Poder Legislativo y Ejecutivo procedieron a aprobarla", agregó.
La semana pasada el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley 32330 que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Se trata de una norma que permite que el sistema judicial procese a menores de edad de 16 y 17 años por presuntos delitos graves.
Los adolescentes menores de edad será imputables por delitos como asesinato, extorsión, asesinatos y violación sexual.
Otra norma cuestionadas por la fiscal de la Nación son la de extinción de dominio. Espinoza alertó que esta norma incrementará la impunidad, pero pese a eso, el Congreso la aprobó y el Ejecutivo la promulgó. "No vamos a permitir que esta nociva ley continúe en vigencia", advirtió.
Además, criticó que el Congreso pretenda aprobar una ley para que el Senado pueda elegir a fiscales y jueces supremos. "En un estado constitucional, sería un grave retroceso al equilibrio de poderes. Por supuesto que en otros países el poder político incide en la elección de sus magistrados, pero no hay que seguir los ejemplos que quiebran la separación de poderes", enfatizó.
Como se sabe, dicha propuesta nace de la bancada de Perú Libre. El legislador cerronista José Balcázar presentó una iniciativa de ley para despojar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de sus facultades y encomendar a la Cámara de Senadores la elección de los fiscales y jueces supremos.
No es la única contrarreforma observada. La fiscal Espinoza también cuestionó la propuesta de ley del Congreso para modificar su reglamento y habilitar que los altos funcionarios, entre ellos fiscales y jueces supremos, puedan ser suspendidos del cargo con 50 votos, en un proceso de denuncia constitucional.
Ambas iniciativas todavía no pasan al Pleno, pero para el sistema judicial representa un riesgo a sus facultades y autonomía.
La semana pasada la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, también se pronunció en contra durante una mesa de trabajo en el Parlamento, que presidió la acciopopulista María del Carmen Alva. "Sería un retroceso tan grande a nuestro país que es considerado un ejemplo de democracia", recalcó Tello.

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