Poder Judicial califica de inconstitucional ley para juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años
En un pronunciamiento, el Poder Judicial consideró que la Ley N° 32330 es incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Llamó a jueces a inaplicarla en estos casos.
La República en GoogleLa reciente promulgación de la Ley N° 32330, que permite juzgar como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años en casos de delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual y terrorismo, generó la reacción del Poder Judicial. El organismo encargado de repartir justicia rechazó esta norma e hizo un llamado a los jueces a inaplicarla cuando resulte contraria a la Constitución o los tratados internacionales.
Según indican en un pronunciamiento, la ley sería incompatible con la Consitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ya que se desconoce la "especial condición de los adolescentes". Sobre ello, apuntan a que se vulnera el artículo 4 de la Carta Magna que exige una protección especial para adolescentes y que contradice la Convención sobre los Derechos del Niños que establece un "sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación y reintegración social".
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Asimismo, consideran que se está generando un retroceso en materia de derechos de la niñez y adolescencia que pone en riesgo el desarrollo integral de los adolescentes. En ese sentido hicieron un llamado a los jueces a ejercer el control difuso e inaplicarla en casos que vaya contra la Constitución.
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¿Qué dice la Ley N° 32330?
La ley N° 32330 establece cambios en el Código Penal y otros decretos legislativos con el fin de incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal. Esto quiere decir que pueden ser juzgados como adultos, perdiendo su calidad de ser exentos de responsabilidad penal por su edad.
Cabe indicar que esta norma fue propuesta ante la creciente ola de delincuenta cometidas en casos por menores de edad y busca reducir estos índices delictivos; sin embargo, instituciones como el Poder Judicial lo han calificado de ser incompatible con la Constitucion y tratados internacionales.
