El gobierno utiliza el presupuesto para castigar a los fiscales por investigaciones de corrupción
Víctor Cubas Villanueva dice que el presupuesto asignado a los fiscales para el año 2025 sólo alcanza para subsistir, lo que afecta el desarrollo de investigaciones rápidas y oportunas
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“El Ministerio Público tiene asignado para este año 2,921 millones de soles. Parece una suma elevada, pero no es así. Es la quinta parte de lo que se requiere y solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas para poder atender normalmente la prestación del servicio en relación a persecución del delito”, refiere el ex fiscal superior y actual vocero de la fiscalía, Víctor Cubas Villanueva.
Agrega que esta cantidad es 4% inferior a la que se les asignó el año 2024, que fue de 3,044 millones de soles. “Esto es un contrasentido porque en el año 2025 hay más población. El aumento de la criminalidad es evidente y, en consecuencia, el presupuesto debería ser mayor que el del año anterior”, subraya.
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Un detalle a tener en cuenta es que del total del presupuesto, el 78% está destinado a pagar sueldos de fiscales y personal de apoyo ya existente, lo que impide contratar nuevo personal para investigar el aumento de la criminalidad organizada, las extorsiones y el sicariato. Luego, solo quedan 565 millones de soles para adquisiciones de bienes y servicios, que es lo que hace mover todo el sistema.
El presupuesto no permite contratar más peritos
“El Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo encargado de la investigación, tiene unas brechas que, por lo exiguo del presupuesto, no las puede cubrir. Por ejemplo, para atender las necesidades de investigación requiere contar con 783 peritos, en diferentes especialidades, pero solo cuenta con 219”, señala.
Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal cuenta con 664 médicos cirujanos, pero para atender la demanda requeriría “contratar 120 médicos más y esas plazas no las puede cubrir por lo exiguo del presupuesto”.
Igualmente, “al elevar significativamente la criminalidad a través del sicariato se requiere contar con la necropsia, para sostener válidamente que ha habido un homicidio agravado en la modalidad de sicariato, para lo cual solo se cuenta con 268 técnicos necropciadores, cuando lo ideal para brindar un servicio óptimo y rápido, la fiscalía requiere contratar otros 31 técnicos.
Para los delitos de violencia sexual, el Ministerio Público tiene 499 profesionales en sicología, con una carencia de 137 profesionales. “De igual manera, en el campo de la biología tienen 90 biólogos y se requiere contratar 9 biólogos más”.
Otro ejemplo es la falta de morgues ante la creciente ola de homicidios. De las 55 morgues existentes, solo dos están plenamente operativas y otras 44 funcionan de manera regular. por esta carencia en una cámara hay dos cadáveres, lo cual es una falta de respeto, ya no al cadáver, porque ya no tiene personalidad, sino a la memoria y una falta de respeto a las a los familiares de esas víctimas.
Es difícil investigar sin peritajes
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“Estas brechas nos las puede cubrir porque el presupuesto asignado solamente permite dar continuidad al servicio. En las condiciones actuales es difícil hacer investigaciones oportunamente y con la celeridad que el caso requiere”, indica Víctor Cubas.
Sobre la posibilidad de que la Policía Nacional ayude en los peritajes, Cubas Villanueva anota que la situación policial es aún peor. “La policía no tiene laboratorios. Tiene un solo laboratorio para todo el Perú. Esto es inaudito. Todas las pruebas deben viajar hasta Lima, para el análisis y retornar al último rincón del país”.
El vocero del Ministerio Público precisó que para hacer investigación penal se requiere por lo menos un laboratorio en cada uno de los distritos fiscales o los distritos judiciales. “La policía no tiene condiciones para investigar no por falta de competencias, sino por falta de apoyo logístico. Si no tiene recursos para investigar lo que se denomina delincuencia convencional, menos puede investigar lo que se denomina delincuencia organizada, porque para eso se requiere inteligencia, técnicas especiales y logística de la que hoy carece”.
A partir de estos datos, Cubas Villanueva concluye que “el poder Ejecutivo ejerce una manifiesta represalia en contra del Ministerio Público y en contra del sistema de administración de Justicia”. “El poder Ejecutivo y el poder Legislativo castigan al sistema de administración de justicia, asignándole presupuestos muy inferiores a los solicitados, lo cual perjudica a los ciudadanos y permite el avance de la delincuencia.
El gobierno no cumplió con apoyar la reforma penal
Los datos del Ministerio Público indican que el Ejecutivo tampoco cumplió con otorgar todo el presupuesto previsto para completar la reforma del proceso penal, de tal forma que hoy la investigación y el juicio demoran lo mismo o más tiempo que con el antiguo proceso.
“La idea era que todo el proceso fuera más corto, pero al final, digamos, toda esta situación ha generado que los tiempos vuelvan a los de antes, incluso peor, esa es una observación objetiva y eso se debe a que la reforma, si bien es cierto, se planificó y se amplió el número de fiscales, paralelamente, no hubo una inversión en locales y apoyo logístico a la investigación”, refiere Cubas Villanueva.
Luego, han venido a lo largo del 2023 y 2024, leyes que han favorecido el crimen organizado al otorgar más garantías a los investigados, por ejemplo, al permitirles apelar la resolución judicial para pasar a juicio público.
