
Lamentable. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró en la última conferencia de prensa ofrecida por la PCM el 30 de abril, que el Gobierno de Dina Boluarte no tenía información verídica sobre el secuestro de 13 mineros en Pataz producido el pasado 26 de abril.
"Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a minera Poderosa. Hemos tomado contacto directo con minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores", comentó Adrianzén.
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El primer ministro también señaló que tanto el Ejército, como la PNP, no tenían noticia de lo sucedido, y que hasta la fecha de la conferencia, no se había recibido algún tipo de denuncia.
"Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia, repito no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. (...) Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las quince comisarías locales y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz ejecutando acciones de verificación táctica (...) No podemos dar fe de ello porque hasta el momento la información no ha podido ser verificada, pero negamos, reitero negamos que se traten de trabajadores de la minera Poderosa, hecho confirmado por la propia minera", indicó.
Horas después de las declaraciones de Adrianzén, el jefe de la III Macrorregión Policial La Libertad - Áncash, el general PNP Óscar Llerena, desmintió al representante del Gabinete Ministerial, afirmando que sí se presentó una denuncia por el secuestro de los mineros. A estas afirmaciones se unieron las de los familiares de las víctimas, quienes confirmaron el secuestro a medios locales.
Según señalaron, la Policía y el Ejército continuaron con el patrullaje y verificación de las zonas críticas del distrito de Pataz, hasta hace unas horas donde se confirmó el asesinato de los 13 mineros secuestrados.
La minera Poderosa confirmó esta mañana el asesinato de 13 trabajadores secuestrados desde el 26 de abril en Pataz, La Libertad. En su comunicado, la empresa denunció la inacción del Gobierno y criticó las ineficientes estrategias que tienen frente a la inseguridad que se vive en la zona, que, según ellos, se ha convertido en un "territorio sin ley"
Asimismo, cuestionaron al Congreso de la República, señalando que el Legislativo aprueba leyes que contribuyen a la protección de mineros informales sigan desarrollando sus actividades en total impunidad, como las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
"Lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde", señala el comunicado.
Desde el 2020, se suman 39 asesinatos entre trabajadores y mineros artesanales en la región. La minera exigió un cambio urgente de las políticas de control y formalización minera.

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