El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió la aprobación del proyecto de ley para que policías y militares no sean detenidos de forma preliminar tras hacer uso de sus armas y que esta acontezca en alguna lesión o muerte. En ese sentido, indicó que el proyecto del Congreso es aceptable dependiendo de la circunscripción en la que se haya cometido dicho acto.
"Es aceptable a la medida que haya que combatir en determinada circunscripción, como por ejemplo Pataz, donde está la criminalidad organizada. Indudablemente, si usted está recibiendo disparos de personas que están escapando y está recibiendo disparos y que si le dieran una bala ya murió, entonces, tiene que usar la fuerza, ¿quién va a juzgar ese acto de función?", sostuvo en Canal N.
Gutiérrez justificó que las normas, por su naturaleza, suelen presentar excepciones. En el caso de la Constitución y sus disposiciones complementarias, se contemplan situaciones excepcionales. Esto se hace evidente cuando una región específica enfrenta un estado de emergencia debido a un aumento descontrolado de la criminalidad. En tales circunstancias, es necesario declarar un estado de excepción para abordar la crisis con ciertas medidas que en este caso podría dejar impune ciertos abusos de autoridad.
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que otorgará inmunidad a los efectivos policiales que cometan excesos en el uso de la fuerza durante el ejercicio de sus funciones. La propuesta obtuvo luz verde en una primera votación con 95 votos a favor, y posteriormente fue exonerada de una segunda votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.
Entre los legisladores que respaldaron esta iniciativa se encuentran miembros de las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre. Esta coalición ha promovido, en los últimos tiempos, la aprobación de varias leyes que han perjudicado a la ciudadanía y favorecido al crimen organizado, como la Ley 32108 y la norma que exime a los partidos políticos de responsabilidad penal.
De acuerdo con Carlos Rivera, abogado de IDL, la reciente ley es inconstitucional, dado que el Congreso favorece a policías y militares mediante una discriminación que interfiere en las funciones de jueces y fiscales. Según Rivera, esta normativa limita el ejercicio de competencias constitucionales, ya que no corresponde al Congreso decidir quién debe enfrentar las consecuencias legales.
En su opinión, esta decisión podría obstaculizar actividades probatorias o facilitar la fuga de sospechosos, cuando lo adecuado sería que el fiscal solicite una detención preliminar y el juez la autorice. Él considera que esta intromisión es inaceptable y advierte que, en el futuro, podrían argumentar que los fiscales no pueden acusar y los jueces no pueden condenar. La preocupación radica en que se busca establecer procesos judiciales con condiciones favorables para aquellos investigados o acusados de violaciones a derechos humanos en el contexto de protestas sociales.