El despacho del fiscal de la Nación ejecutó el allanamiento y el registro domiciliario, personal y vehicular del expresidente Martín Vizcarra y el exministro Edmer Trujillo en la investigación que se inició el 24 de febrero, por el caso Los Intocables de la Corrupción.
Los allanamientos y registros ocurrieron en Lima y Moquegua, con autorización del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley. El magistrado dispuso la incautación de equipos celulares, laptops, USB, discos externos y otros vinculados a ambos investigados, a la vez que autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones para acceder a su contenido.
Tras realizarse la diligencia, el Ministerio Público no reportó que los dos investigados se resistieran a los allanamientos, lo que supone que ambos habrían colaborado con la búsqueda de indicios incriminatorios.
La resolución judicial indica que la medida de incautación de equipo de comunicación buscaba conocer los contactos que el expresidente Vizcarra y el exministro Trujillo pudieran tener entre sí y con otras personas involucradas en la investigación a una presunta organización criminal.
A través de las redes sociales de internet, Martín Vizcarra indicó que él y su abogado Fernando Ugaz habían solicitado a la Fiscalía que realice un allanamiento domiciliario y que no se oponían a que se le levante el secreto de las comunicaciones, para el total esclarecimiento de los hechos denunciados.
La resolución judicial se sustenta en el informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, que da cuenta de las declaraciones del testigo protegido de clave TP 03-2023-EFICCOP, el testigo en reserva TP-04-2023-EFICCOP y los aspirantes a colaborador eficaz con clave CE-08-2023 y CE-26-2023-EFICCOP.
Además de la relación laboral de los investigados Martín Vizcarra, Edmer Trujillo Mori, Carlos Estremadoyro, Hugo Misad Trabucco, Carlos Revilla Loayza y Elizabeth Ugarte Manrique, como presidente de la República, ministros de Transportes y Comunicaciones y funcionarios de Provías Descentralizado, respectivamente.
Ministro. Edmer Trujillo también se declara inocente. Foto: difusión.
El testigo protegido de clave TP 03-2023-EFICCOP informa que existiría una organización criminal que se inició el 2010 durante la administración de Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua, que a partir del 2015 se expande a Lima, teniendo como epicentro a Provías Descentralizado.
Este testigo también refiere que en diversas reuniones sociales Hugo Misad Trabuco solía mostrar voucher de depósitos bancarios de hasta por 300.000 soles, que al día siguiente decía que en realidad era dinero del expresidente Martín Vizcarra.
La testigo en reserva TP-04-2023-EFICCOP que indica que vio al exdirector de Provías Descentralizado Carlos Revilla ingresar a Palacio de Gobierno, en tres ocasiones, con maletines deportivos llenos de dinero: la primer entrega el 2018, la segunda y tercer entregas, entre setiembre y octubre del 2019.
En tanto que los aspirantes a colaboradores eficaces dan cuenta del desvío de fondos desde las empresas AWA SAC, L’Arenaza Contratatis y Corporación Trentos para obtener los fondos que Luis Pasapera utilizó para realizar diversos pagos a Alcides Villafuerte en los contratos de la licitación de las obras en Samegua, Tintay y Pampas.
El registro domiciliario pretendía encontrar evidencias de estos presuntos actos ilícitos.
La Fiscalía de la Nación está buscando pruebas o indicios directos que permitan corroborar que el expresidente Martín Vizcarra era el beneficiario final de los sobornos que los hermanos Pasapera habrían pagado a Alcides Villafuerte y los comités de selección de Provías Descentralizada.
Alcides Villafuerte ha señalado que entregaba parte del dinero de los sobornos a Carlos Revilla, director de Provías Descentralizada, que desde fines de enero se encuentra con prisión preventiva.
Carlos Revilla ha rechazado una propuesta de acogerse a colaboración eficaz, niega haber recibido dinero y, por lo tanto, rechaza ser el puente con Vizcarra.