Obstrucción e impunidad a un año de la masacre de peruanos en Puno
Protestas sociales. Hubo retraso por reiterados cambios en el Ministerio Público. La Policía Nacional mantiene prácticas de ocultamiento de información. Y los testigos y familiares son obligados a viajar a Lima para declarar por carpeta de Dina Boluarte.
Si las investigaciones sobre los crímenes cometidos por la Policía y el Ejército en las protestas sociales de Cusco y Ayacucho avanzan a paso de tortuga, la situación en Puno es aún peor. Cambios reiterados en el Ministerio Público, prácticas institucionalizadas de la Policía para ocultar evidencias y la decisión irracional de obligar a los familiares y testigos a viajar hasta Lima para declarar por la carpeta abierta contra Dina Boluarte son evidencia tácita de un desempeño estatal encaminado por la ruta de la impunidad.
Son tres las carpetas que agrupan los casos de las 20 muertes registradas en Puno durante las protestas de repudio contra Dina Boluarte y el Congreso, en enero del 2023. Las tres reportan retraso.
Las víctimas de Juliaca
La Fiscalía abrió la carpeta 23-2023, que comprende el caso de los 18 asesinatos atribuidos a personal de la Policía Nacional en Juliaca, durante la protesta social del 9 de enero del 2023, además de 108 heridos.
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Wilmer Quiroz, abogado del Instituto de Derechos Humanos Illariy de Puno, explica que esta carpeta continúa en etapa de investigación preliminar. Si bien ya se identificó la cadena de mando de la Policía, hasta el momento no se formaliza la investigación preparatoria.
Lo poco que se hizo fue ampliar la investigación preliminar contra los mandos medios. “Esta ampliación solo alcanza al jefe de la división policial de Juliaca. No han incluido al jefe de la región policial”, cuestiona.
Por este motivo, los abogados de los familiares de las víctimas enviaron un escrito al Ministerio Público pidiendo abrir también investigación preliminar contra el jefe de la región policial de Puno, coronel PNP Julio Mauricio Contreras, y contra el jefe de la delegación de DINOES que se instaló en el aeropuerto de Juliaca, coronel PNP Juan Manuel Pedrera Ruiz.
Por otro lado, en un solo año, esta carpeta ha pasado por las manos de cinco fiscales, según detalla Wilmer Quiroz: “Estuvo en la Fiscalía de Crimen Organizado, luego en la Fiscalía Penal de Juliaca, luego en la Fiscalía de Derechos Humanos de Juliaca, también en otra fiscalía de Lima, antes de pasar al equipo especial. Cada fiscal se tomó un mes en conocer el caso”.
Con relación al acopio de evidencias desde el momento en que ocurrieron los hechos, el abogado de los familiares de las víctimas recuerda que las cámaras municipales no funcionaron el día de la masacre, según dio a conocer la institución edil.
“Solo hay videos grabados y difundidos por los ciudadanos en TikTok y hemos conseguidos imágenes de cámaras de privados, y estamos ahora en la etapa de visualización”, explica.
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Cuando ocurrieron los hechos también era clave adoptar acciones inmediatas para la investigación. Wilmer Quiroz apunta que el fiscal de Crimen Organizado Guido Pilco Delgado evitó disponer la absorción atómica con los policías. Tampoco hubo incautación de los armamentos. Los abogados de las víctimas no descartan denunciar a este fiscal.
Como ocurre en Cusco, la institución de la Policía también oculta pruebas en Puno. No han entregado, por ejemplo, el reporte de la munición que fue devuelta el 9 de enero del 2023.
“Solo dieron información sobre la entrega de municiones, pero no es información completa porque falta detalle sobre el uso o devolución, incluyendo de los perdigones. Esa información no fue entregada al Ministerio Público”, detalla Quiroz.
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Víctimas de Carabaya
Además de las 18 víctimas de Juliaca, hubo dos peruanos asesinados en Carabaya, durante las protestas que continuaron el 18 de enero del 2023.
Estos hechos son investigados en la carpeta 5-2023. Wilmer Quiroz apunta que ya se tiene información sobre el presunto autor directo de la muerte de la ciudadana peruana Sonia Aguilar. “La identificación se hizo en octubre y falta requerir la prisión preventiva”, precisa.
Obstrucción intencional
Hay una tercera carpeta (277-2023) abierta, en este caso, contra Dina Boluarte. El abogado Wilmer Quiroz cuestiona que los familiares y testigos tengan que ser citados a Lima, lo cual es una seria limitante.
Mario Ilaquita, padre de Reynaldo (18 años), asesinado en la protesta, detalló que a él lo citaron para el 20 de enero, es decir, con un año de retraso desde que ocurrió la masacre. Y la citación es para Lima.
“Ya hemos llegado a un año y no hay nada de justicia”, protesta el ciudadano peruano Mario Ilaquita, cuyo hijo hubiera cumplido 19 años ahora en enero, de no ser por la bala policial que le penetró el tórax en la protesta del 9 de enero.
Duelo
Solidaridad. El Gobierno de Puno decretó duelo regional durante los días 8 y 9 de enero, en memoria de las víctimas de la masacre perpetrada por el régimen de Dina Boluarte.
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Protesta. Para el 9 de enero, la ciudadanía ha programado a una movilización en Juliaca y también convocaron a un cacerolazo en Juliaca y otras localidades.
Reacciones
Raúl Samillán, presidente de Mártires y Víctimas del 9 de Enero
“Nosotros vamos a continuar en esta lucha de búsqueda de justicia. Estamos seguros de que llegará el momento en que se tenga que sentenciar a los culpables de tanto derramamiento de sangre”.
Mario Ilaquita, padre de víctima Reynaldo Ilaquita (18 años)
“Este 6 de enero mi hijo Reynaldo hubiera cumplido 19 años, pero fue víctima de la masacre. Yo le pido al nuevo fiscal de la nación (Juan Villena) que, como peruano, investigue hasta que haya sanción”.
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Wilmer Quiroz, abogado de familiares de las víctimas - Inst. Illariy
“La Fiscalía no cumplió con recabar de manera inmediata las pruebas. También hay obstrucción de la Policía que no está entregando información a los fiscales. Hay retraso en las investigaciones”.
