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Juliaca: miembros de las FF. AA. que provocaron muertes en protestas no fueron sometidos a pruebas de disparo

Según Cesar Quispe Calesín, abogado de los familiares de las víctimas, la lentitud en la investigación no es casual. Desde un inicio se buscó impunidad.

Familiares de víctimas del 9 de enero exigen justicia. Foto: Liubomir Fernandez/LR
Familiares de víctimas del 9 de enero exigen justicia. Foto: Liubomir Fernandez/LR

Este 9 de enero, se cumple un año de la muerte de 18 personas en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, durante las protestas por la renuncia de Dina Boluarte. Sin embargo, la prueba de absorción atómica —que resulta determinante para identificar a los policías, militares y agentes de la Dinoes que activaron sus armas contra quienes perdieron la vida— no ha sido practicada hasta la fecha porque el proceso ha pasado por cinco fiscales. Cada uno se demoró meses en estudiar el caso y luego encaminar diligencias.

César Quispe Calsin dijo que la pericia no se llevó a cabo a propósito; ya que, de ese modo, evitaron que se identifique a los autores materiales de las muertes.

Hasta el momento, solo están investigados cinco altos mandos policiales y militares. La mayoría guardó silencio, pero varios subalternos habrían dado importantes detalles de cómo se organizaron para reprimir a diestra y siniestra.

¿Quiénes son los culpables de la masacre del 9 de enero?

Entre las declaraciones que comprometen a Dina Boluarte, están las afirmaciones del suboficial de tercera que renunció a la Policía Nacional, Jhon Torres Yataco. Este dimitió de dicho cargo en la institución policial al día siguiente de las muertes registradas en la ciudad calcetera.

Yataco confesó que tuvieron autorización del uso de armas AKM porque la orden venía de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República.

¿El Gobierno de Dina asumirá la responsabilidad de la masacre del 9 de enero?

César Quispe se pronunció sobre las últimas declaraciones del premier Alberto Otárola, quien aseguró que no asumirán responsabilidad de las muertes en protestas, dado que no hay ninguna aseveración ni acto administrativo que los incrimine.

“Por el contrario, todo lo que hicieron los incrimina porque, primero, crearon todas las condiciones para estigmatizar como terroristas a los manifestantes, lo suficiente como para que las Fuerzas Armadas los repriman con impunidad. Segundo, declararon en emergencia Puno, y desplazaron tropas como si Puno fuera una zona de guerra y dieron autorización para uso de sus armas a matar”, comentó.

Las diligencias en la actualidad se encuentran en etapa de investigación preparatoria y aún están declarando los policías que estuvieron en el lado norte del aeropuerto. Al respecto, faltan los agentes que estuvieron en el lado este, quienes son los presuntos responsables de las muertes.

La lentitud de la investigación es otra razón por la cual los familiares de los fallecidos pedirán que las diligencias se aceleren durante la ceremonia de rememoración de un año de las muertes.

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