Procuraduría tiene 88 casos contra altos funcionarios por corrupción
En los descuentos. Los siete expedientes más avanzados son el de puente Tarata, el gabinete en la sombra y el Ministerio de Vivienda, el exministro Juan Carrasco y el de las excongresistas Luciana León y Yesenia Ponce, entre otros, según el procurador general interino, Javier Pacheco.
Al día siguiente de que Javier Pacheco Palacios fuera designado por el Ministerio de Justicia como procurador general del Estado interino, el sábado 16 de diciembre, inició una serie de cambios que han generado controversias.
Javier Pacheco, quien se desempeñaba como procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción, sustituye al procurador general del Estado titular, Daniel Soria Luján, en tanto este cumple un periodo de suspensión. En los pocos días que está a cargo del despacho, Pacheco ha adoptado medidas polémicas. Por ejemplo, la desactivación de oficinas dedicadas a los casos de corrupción de funcionarios de alto nivel.
“No es que se hayan desactivado unidades o direcciones de actividades o actuaciones centrales de la Procuraduría General del Estado. Lo que se ha hecho es corregir irregularidades que se dieron durante la anterior gestión (la de Daniel Soria)”, explicó Javier Pacheco a La República.
Pendiente. El Congreso todavía no remite a la Procuraduría caso contra Boluarte y Otárola. Foto: difusión
“Desde el primer día que llegué a la Procuraduría General, sábado 16 de diciembre, inmediatamente cité a los directores para hacer un análisis del estado situacional de los expedientes. Y lo que encontré era que había mucha carga, mucha demora, y que la mayoría de expedientes no fue atendido en su debido momento”, arguyó.
Uno de esos expedientes está referido al ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, a quien se le imputa ser una de las figuras principales de la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
En mayo de este año, la Procuraduría de Delitos de Corrupción de Funcionarios comunicó bajo reserva a la Procuraduría General del Estado la ubicación del prófugo César Hinostroza. Y solicitó que se iniciaran las gestiones para una eventual extradición. Hinostroza estaba en Bélgica.
“Sin embargo, la Procuraduría General hizo caso omiso de este pedido. Recién después de que una foto salió en la prensa, en noviembre, iniciaron acciones (el 8 de setiembre, el semanario Hildebrandt en sus trece publicó una fotografía de Hinostroza en Bruselas). Es decir, siete meses después. En ese tiempo no hicieron nada”, indicó Pacheco.
Polémicas decisiones
Una de las decisiones más controversiales del procurador general interino fue la desactivación de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado, a cargo de los expedientes seguidos contra altos funcionarios. Se le atribuyó la intención de afectar el caso contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, por presuntas violaciones de los derechos humanos, así como la megainvestigación Lava Jato.
También circuló la versión de que Pacheco destituyó al titular de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado, Omar Rojas Silva.
Tardanza. Caso Hinostroza se estancó en la Procuraduría. Foto: difusión
Sin embargo, Rojas presentó su carta de dimisión el 18 de diciembre, unos días después de que Jaime Pacheco asumiera funciones. Omar Rojas tenía tres funciones en la Procuraduría.
“En atención que su persona fue designada como procurador general del Estado (…), presento mi renuncia al cargo de asesor II de la Presidencia Ejecutiva, así como al cargo de coordinador de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios (…), y al cargo de representante titular de la Procuraduría General del Estado, en el Programa Nacional de Bienes Incautados”, señala en su carta Omar Rojas.
“El funcionario Omar Rojas prácticamente tenía una isla de poder, sin contar con el perfil para asumir dichos cargos. Todo porque era amigo del anterior procurador (Soria). La unidad que dirigía contaba con 18 personas que duplicaban las funciones de otras áreas con una planilla de 200.000 soles mensuales. Es decir, más de dos millones de soles al año. Esa unidad estaba duplicando la chamba del procurador general”, precisó Javier Pacheco.
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En un inicio Omar Rojas fue nombrado como jefe de la Dirección Funcional de Aplicación Jurídica Procesal, pero como no contaba el perfil, le crearon un puesto para dirigir la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado, unidad que ya existía.
“Fue una unidad que nunca debió existir y como procurador general encargado no podría seguir en el error y actuar en la ilegalidad mellando la institución”, señaló Pacheco.
Desactivada la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado, los expedientes han sido transferidos a la Dirección Funcional de Aplicación Jurídica Procesal, “donde siempre han estado y vamos a potenciar y fortalecer esa dirección con todos los recursos”, apuntó el procurador.
Omar Rojas Silva, Roxana Paz y Jorge Pasco. Foto: composiciónLR
Ahora la Dirección Funcional de Aplicación Jurídica Procesal cuenta con 88 casos relacionados con investigaciones a altos funcionarios del Estado.
El procurador Pacheco informó a La República que estaba a la espera del expediente de la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la mandataria Dina Boluarte y el primer ministro Otárola y otros ministros por el presunto delito de homicidio calificado, con relación a los fallecidos durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero 2023.
Los casos en curso
De los 88 expedientes, 7 se encuentran en etapa de investigación preparatoria. Es decir, son los más avanzados. Varios vinculados al gobierno del expresidente Pedro Castillo: puente Tarata, el gabinete en la sombra y el Ministerio de Vivienda, el exministro del Interior Juan Carrasco Millones y el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por no haber denunciado a Pedro Castillo.
Completan la lista los expedientes de la excongresista aprista Luciana León Romero y de la fujimorista Yesenia Ponce, así como del exministro de Educación del gobierno del expresidente Martín Vizcarra Daniel Alfaro Paredes.
En etapa preliminar se encuentran casos relevantes como del grupo de congresistas conocidos como ‘Los Niños’ y los mochasueldos y de los exministros que dieron uso al avión presidencial durante el régimen de Pedro Castillo, entre otros.
Pero hay otros casos que están en etapa preliminar, como el que involucra a los congresistas conocidos como ‘Los Niños’ y a los legisladores mochasueldos. También los expedientes de los exministros que utilizaron el avión presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo, entre otros.
Respecto a la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, Javier Pacheco negó que ha previsto reemplazarla. De hecho, sostuvo una reunión de coordinación con Pacheco sobre el avance del caso. Negó que durante el encuentro le mencionó a la procuradora que sería relevada del cargo.
Al momento de asumir funciones, al procurador Javier Pacheco también le llovieron cuestionamientos por distintos motivos. Un caso es haber omitido en su declaración jurada de intereses de 2021 a Giuliana Díaz Palacios, una prima que labora en la oficina de Arequipa de la Procuraduría.
Pero no es el único caso.
“La Procuraduría General abrió nueve investigaciones, una más absurda que la otra. Y dentro del uso de mi derecho recurrí al Tribunal de Procuradores, donde las quejas que presenté fueron declaradas fundadas”, relató Javier Pacheco.
“Milagrosamente, las investigaciones que no tenían cuándo acabar, se iban archivando”, mencionó.
Por su parte, el Tribunal de Procuradores ordenó que se le abran siete procesos administrativos disciplinarios a Roxana Paz Cárdenas y Jorge Pasco Loayza, funcionarios de la Oficina de Evaluación, Supervisión y de Control Funcional de la Procuraduría General, que emprendieron las imputaciones contra Pacheco.
Sin embargo, el procurador enfrenta un caso por la contratación de la bachiller en administración Katia Portugal Zevallos para que revisara expedientes de temas penales, para que lo no estaba habilitada.
Se imputa a Javier Pacheco que durante su gestión como procurador anticorrupción contrató a Katia Portugal por una presunta relación sentimental.
“La supuesta contratación de servicios se encuentra en el Ministerio Público y la Contraloría General y espero que se archive”, respondió Pacheco.
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También dijo que la contratación de Katia Portugal la hizo el Ministerio de Justicia y negó algún vínculo con ella.
Los que salieron de la Procuraduría
El exjefe de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado Omar Rojas Silva no fue destituido por el procurador Javier Pacheco Palacios, según la versión recogida por este diario.
“No, es verdad. Él mismo puso su cargo a disposición y presentó su carta de renuncia, la cual fue aceptada. Al igual que otros cuatro empleados que tenían a cargo otras direcciones dentro de la Procuraduría General”, explicó Javier Pacheco.
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Entre los que han dejado la Procuraduría se encuentran Jorge Pasco Loayza, Napoleón Fernández, Roxana Paz Cárdenas, Zenaida Calderón Anticona, Luis Tapia Soriano, Patricia Garcés Peralta y Saúl Ampuero Godo, entre otros funcionarios.