Javier Pacheco en la mira ante posibles actos de obstrucción en casos relevantes

El reciente desmantelamiento de la Unidad de Altos Funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE), decidido por el jefe interino de esta entidad, Javier Pacheco Palacios, encendió las alertas del Equipo Especial del Ministerio Público del caso Lava Jato ante posibles actos de obstrucción en investigaciones y procesos en curso.

El fiscal provincial José Pérez Gómez remitió el viernes último un oficio al fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción. En este documento le pide un reporte sobre eventuales actos de obstrucción, como producto de los cambios impuestos por el interino jefe de la PGE, Javier Pacheco, en distintas jefaturas.

Concretamente, Pérez Gómez le requiere un informe sobre “posibles actos obstruccionistas”, respecto de cuatro procesos: el caso 19-2017, conocido como Metro de Lima-Línea 1; el caso 02-2017, denominado también IIRSA Sur-Toledo; el caso 55-2017, denominado Aumentar Keiko 500, y el caso 30-2017 sobre Susana Villarán y los aportes para la no revocatoria.

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El fiscal agrega que la solicitud es formulada “en atención a la información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios, tal como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la PGE, entre otros (…), a partir de su designación como procurador general del Estado interino”.

Tensión al interior

De los cuatro casos mencionados en el documento, tres son acompañados por la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, a cargo de la abogada Silvana Carrión. Se trata de los casos Metro de Lima-Línea 1; IIRSA Sur-Toledo, y el proceso seguido contra Susana Villarán.

La semana pasada, trascendió que en el marco del pedido de renuncias de distintos directores de la PGE también se tenía previsto generar cambios en la Procuraduría del caso Lava Jato.

Sin embargo, no hubo avances debido a que una decisión de ese tipo le compete al Consejo Directivo de la PGE y, según ley, Pacheco no puede formar parte de esta instancia.

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Y es que Javier Pacheco, a la fecha, sigue siendo procurador anticorrupción adjunto. El Decreto Legislativo 132 precisa que los procuradores adjuntos están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo. Por este motivo, Pacheco no ha podido convocar a una sesión.

Los otros dos miembros del Consejo Directivo son Luis Miguel Iglesias León (representante de la Contraloría) y David Napurí Guzmán (representante del Ministerio de Justicia). Según fuentes de La República, estas dos personas se han reunido con Pacheco de manera informal, pues este último está impedido de convocar a sesión por la incompatibilidad legal.

El cuarto caso mencionado en el oficio por Pérez Gómez, conocido como Aumentar 500 Keiko, se encuentra en la Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo del abogado Miguel Sánchez Mercado. Según fuentes consultadas, hasta el momento no hubo ningún cambio o intento de injerencia en esta dirección.

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Situación grave

Consultado sobre el tema en RPP, el exprocurador Antonio Maldonado calificó como una situación muy grave la desactivación de la Unidad de Altos Funcionarios.

“Se trata de una decisión interna de la PGE que la debilita, que ataca a su integridad, que no tiene fundamentos técnicos”, comentó, además de deslizar que la investigada Dina Boluarte habría designado a Pacheco para desmantelar unidades funcionales claves.

Requerimiento

El fiscal provincial José Pérez Gómez remitió este oficio el viernes último a su similar, el fiscal provincial Freddy Niño Torres.