Dina Boluarte sobre informe de Contraloría: “No he incurrido en infracción constitucional”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que no ha incurrido en infracción constitucional del artículo 126 de la Carta Magna. Esto, en relación al informe que presentó la Contraloría General de la República, el cual advierte que la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) realizó labores externas a su cargo de ministra.

Al respecto, Boluarte Zegarra manifestó que antes de asumir la cartera del Midis solicitó licencias a los cargos presidenta del Club Departamental Apurímac y vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. En ese sentido, aseveró que dejó de ejercer las funciones de gestión y dirección de las referidas organizaciones.

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“En consecuencia, no he incurrido en infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”, declaró en un comunicado compartido en las redes sociales.

En ese sentido, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social indicó que ante los cargos presentados por la Contraloría cualquier documento posterior a su solicitud de licencia “se circunscribe estrictamente a la subsanación registral necesaria para garantizar la sucesión de mi reemplazo y no obedece en absoluto a funciones de dirección ni dirección”.

Dina Boluarte habría cometido una infracción constitucional, según Contraloría

Un informe de la Contraloría General de la República remitido el último viernes 20 de mayo al Congreso de la República da cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por parte de la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Este documento también habría sido enviado a la integrante del Ejecutivo.

El informe advierte una presunta infracción del artículo n.° 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…). Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

En concreto, se acusa a Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto representaría –según informe de la Contraloría– una infracción a la Constitución por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública.