El pasado 8 de mayo, durante la segunda vuelta, los entonces candidatos presidenciales Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, firmaron la Proclama Ciudadana, un documento que implicó una serie de compromisos de llegar al Gobierno, entre ellos, la defensa de la educación.
En el punto 6, dicho documento señalaba lo siguiente: “Una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la Sunedu”.
Dicho texto fue leído tal cual por Castillo Terrones.
Fujimori Higuchi perdió la contienda y, como se sabe, es recurrente que sus promesas se adecúen a las circunstancias y que luego estas no sean cumplidas con su bancada en el Congreso. Castillo, sin embargo, como presidente, sí tiene la pelota en su cancha.
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En tanto, el último miércoles, el Congreso —con votos del fujicerronismo y los demás partidos de oposición— aprobó una ley que ata de manos a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). El dictamen llegará a Palacio. El Gobierno tendrá 15 días hábiles para decidir si la promulgan u observan. También simplemente pueden evitar pronunciarse y dejar que el Parlamento la promulgue por insistencia.
El presidente no dice nada aún, pero en el gabinete comienzan a aparecer voces ambiguas y otras que sí se oponen a este retroceso.
El jefe del gabinete, Aníbal Torres, por ejemplo, evitó adelantar si observarán esta ley.
“La posición del Ejecutivo es de fortalecer la Sunedu para que se mejore el nivel de educación. Claro, no es perfecta la Sunedu ahora. Hay universidades que han pasado por el matiz de la Sunedu, pero que no tienen ninguna calidad en la formación profesional. No les podría decir (si la observamos) porque no he estudiado la ley”, dijo Torres a la prensa.
El ministro de Justicia, Félix Chero, por su parte, solo expresó que el Ejecutivo viene evaluando si la observan.
Quienes sí cerraron filas contra la maniobra del Parlamento fueron el canciller César Landa y el ministro de Cultura, Alejandro Salas.
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“Desde el 2014 he defendido la constitucionalidad de la Ley Universitaria y de la Sunedu, pues incorpora la calidad educativa que deben recibir todos los estudiantes. La reforma educativa debe continuar”, indicó el también expresidente del Tribunal Constitucional.
Salas, en su visita a Arequipa, se mostró a favor de que no se promulgue esta iniciativa. “Si me preguntan mi opinión, yo sí la observaría”, sostuvo.
PCM
La Sunedu le exige al presidente Castillo que cumpla su promesa en la Proclama Ciudadana y que observe la contrarreforma.
“Quedará en la historia que este Congreso fue responsable del retroceso de la reforma universitaria que perjudicará a miles de estudiantes. Esperemos que el Poder Ejecutivo la observe y así recuperar la defensa de la educación”, manifestó en conferencia de prensa el superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra.
“Lo que esperamos es que el presidente haga lo que tenga que hacer; esta ley que nos hace retroceder 20 años debe ser observada. El poder de los votos no puede matar una buena ley (como es la Ley Universitaria original)”, protestó Waldo Mendoza, exministro de Economía y actual integrante del Consejo Directivo de la Sunedu.
Además, 38 universidades públicas y privadas se pronunciaron contra este proyecto. “Lamentamos la deliberada distorsión del concepto de autonomía universitaria y su empleo con el propósito de contravenir los principios que animan la reforma, anteponiendo intereses ajenos a la vida universitaria y retrocediendo así a un modelo fracasado”, dijeron en un comunicado.
Entre estas universidades están la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad Agraria de La Molina, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad de la Amazonía Peruana, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Antúnez de Mayolo y la Universidad del Centro.
De igual forma, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú advirtió que el dictamen es un paso atrás que apunta a volver al “fracasado modelo” de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Asimismo, ocho federaciones estudiantiles del país enviaron una carta al presidente solicitándole que observe la contrarreforma universitaria, debido a que durante la elaboración de esta ley ningún miembro de la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, docentes o trabajadores, fue consultado.
El expresidente Francisco Sagasti también se sumó a esta demanda. “La contrarreforma aprobada por el Congreso es un vil atentado contra la educación superior de calidad, un retorno a la mediocridad de los que quieren fiscalizarse a sí mismos”, tuiteó.
En cambio, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un comunicado en su página web, respaldó la antirreforma del fujicerronismo y sus aliados.
“La aprobación de esta ley es un logro de la UNMSM, liderada por la rectora Jeri Ramón Ruffner, quien instó a continuar trabajando en conjunto para el fortalecimiento de la educación pública nacional”, expresó en un comunicado la Decana de América.
Zegarra recordó que la Sunedu ya tomó medidas legales al respecto. “El 7 de febrero, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ha recibido una demanda de amparo (...) El día lunes, en sesión única, se va a ver la medida de amparo. Esa es una primera medida para contener esta nefasta intención de traerse abajo esta reforma”, recalcó el titular de la Sunedu.
En tanto, los abogados César Azabache y Luciano López promueven la recolección de 5.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta ley.
Entre titulares y accesitarios, la Comisión de Educación del Congreso, donde se originó el proyecto de contrarreforma universitaria, tiene parlamentarios que estudiaron en universidades con licencia denegada.
El presidente de la comisión, Esdras Medina, de Renovación Popular, votó a favor y estudió en la Universidad Néstor Cáceres Velásquez.
Los únicos que votaron en contra son Jorge Marticorena y José Balcázar, de Perú Libre, y Alfredo Azurín, de Somos Perú.
Los demás legisladores (ver el cuadro) respaldaron la ley que debilita a la Sunedu, el ente rector que en su momento les rechazó la solicitud de licencia de funcionamiento a las universidades donde estudiaron una carrera profesional o una posgrado.
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