Bruno Pacheco se presenta ante los jueces en audiencia de apelación

“No me he puesto a derecho por la única razón de ejercer mi derecho a la vida, a la libertad. Tengo amenazas contra mi vida. No sé por qué la fiscalía pidió prisión preventiva contra mí, siendo la primera persona que se acercó al despacho de la fiscal Karla Zecenarro”, afirmó Bruno Pacheco al dirigirse a los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lima.

El tribunal, presidido por el juez superior Bonifacio Meneses, realizó una audiencia para revisar la orden de prisión preventiva dictada contra Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera, y los funcionarios de Provías Descentralizado, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas.

Para tal fin, escuchó al fiscal superior Juan Manuel Fernández, los abogados de los investigados y a los procesados que se encuentran detenidos: Villaverde, Pasapera, Valdivia y Vargas Mas, además de Pacheco.

Todos ellos negaron los cargos y señalaron que la fiscalía no tiene los indicios suficientes para justificar una prisión preventiva, más allá de la declaración de la lobista Karelim López.

Bruno Pacheco indicó que sí se reunió con Karelim López y Zamir Villaverde, cuando era secretario de la presidencia, pero que ambos encuentros no tuvieron nada que ver con la licitación realizada por Provías Descentralizado.

“¿Como secretario de la presidencia qué tengo que ver con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Me pueden preguntar por las visitas de Karelim López. Por esas visitas estoy metido en esta situación”, indicó en la llamada vía celular que se realizó a través de la conexión de su abogada Giovana Quiñones.

Indicó que Zamir Villaverde fue uno de los empresarios que se acercó al presidente Pedro Castillo durante la campaña presidencial y que, siendo secretario de la presidencia, lo recibió para un saludo luego de su nombramiento y, luego, para absolver una consulta sobre los rumores de estatizaciones.

Anotó que nunca ha llamado a los funcionarios de Provías Descentralizado y que su único contacto con los ministros era cuando requerian una resolución suprema, que lleva la firma del presidente, pero que el documento era revisado por los asesores.

Luego de las declaraciones de los procesados, los magistrados les realizaron algunas preguntas. A Bruno Pacheco le consultaron si tenia un correo electrónico con el que se pudiera comunicar directamente con la audiencia.

El exsecretario de la presidencia respondió que sí tenía un correo, pero que se encontraba intervenido y tenía todos los accesos. También le pidieron identificar a los asesores que recibían los proyectos de resolución suprema, pero no respondió, aparentemente al no escuchar la pregunta.

A Víctor Valdivia y Edgar Vargas les preguntaron si sus ascensos, luego de adjudicar la buena pro al consorcio Tarata, estaba justificado. Valdivia respondió que era ingeniero con más de 30 años de experiencia en Provías Descentralizado. Vargas señaló que él solo tuvo una encargatura que no generaba ningún beneficio económico adicional.

Los jueces también solicitaron a la fiscalía que precise el hecho que vinculaba a Gian Marco Castillo con Zamir Villaverde. El fiscal Fernández respondió que ingresó a Palacio de Gobierno manejando uno de los vehículos que el empresario cedió a Fray Vásquez. Gian Marco Castillo se anotó como chofer y Vásquez como ocupante.

Además, que de acuerdo con Karelim López, ambos estuvieron presentes en las reuniones de Zamir Villaverde en Palacio de Gobierno. En general, los abogados cuestionarion la suficiencia probatoria.

Los jueces deciden

El presidente del tribunal, Bonifacio Meneses, indicó que la Sala, que además integran los jueces Sonia Bazalar y César Vásquez, notificará su decisión en los siguientes días.

Los jueces deben decidir si confirman la prisión preventiva para todos los investigados o solo para algunos de ellos, además, si mantienen el plazo de 36 meses o lo modifican.

Con la resolución de la Sala de Apelaciones termina el trámite, aunque más adelante podrían pedir cambiar su situación, ante nuevas evidencias.