Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo apelan prisión preventiva este martes
Audiencia. Tribunal revisará impugnaciones de Bruno Pacheco y otros seis investigados por el caso Provías, en el que se les dictó 36 meses de prisión preventiva hace dos semanas.
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La Corte Superior de Justicia de Lima revisará este martes 3 de mayo las apelaciones que presentaron Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo (sobrinos del presidente Pedro Castillo) así como otros investigados con el objetivo de revertir la prisión preventiva que pesa por 36 meses en su contra a propósito del caso Provías (Puente Tarata III).
En este sentido, será la Segunda Sala Penal de Apelaciones integrada por los jueces superiores César Vásquez, Bonifacio Meneses y Nancy Angeludis la que evaluará los pedidos de siete procesados en total.
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El tribunal dispuso así “señalar la audiencia de apelación para el día martes tres de mayo de dos mil veintidós a horas diez de la mañana (10:00 A.M.), la misma que se llevará a cabo por videoconferencia mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, de conformidad con la Resolución Administrativa N.° 323-2021-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial”, según el documento al que accedió este diario.
Pacheco, los sobrinos del presidente Castillo, los aún funcionarios de Provías Descentralizado Edgar Vargas Mas y Víctor Valdivia Malpartida; así como los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén tienen una orden de encarcelamiento provisional desde el pasado 12 de abril, cuando el juez de primera instancia Manuel Chuyo Zavaleta aprobó el pedido de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro.
Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo apelan prisión preventiva este martes
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En aquella ocasión, el magistrado determinó que había peligro de fuga y obstaculización en los implicados. Además, señaló que la medida era provisional para asegurar la continuidad de las indagaciones que se dirigen contra ellos por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Los sobrinos de Castillo, por su parte, coordinaban con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco para gestionar nombramientos en Provías como el del investigado Alcides Villafuerte. Luis Pasapera y Zamir Villaverde eran los empresarios que ejercían asimismo las influencias en entidades del MTC, sostiene la investigación.
A Víctor Valdivia y Edgar Vargas se les imputó también haber beneficiado al consorcio Puente Tarata III cuando eran miembros del comité de dicha licitación para la construcción de un puente en la región San Martín. Ambos concertaron con la empresa Termirex “para favorecerlos con el otorgamiento de la buena pro pese a que no cumplían con los requisitos”, sostuvo la Fiscalía.
Hipotesis fiscal
Actualmente, tanto Pacheco como Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, continúan prófugos de la justicia desde que se ejecutó la detención preliminar contra ellos el 28 de marzo pasado. Por otra parte, el exabogado de Pacheco, William Paco Castillo, sostuvo días atrás que aquel era “un perseguido polítco” y no se entregará a las autoridades.
Según la investigación, los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.
Villaverde se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos del jefe del Estado. Fray Vásquez y Gian Castillo coordinaban luego con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas, conforme lo indica la fiscal Zecenarro en la investigación.
La investigación se abrió luego de conocer denuncias acerca de la adjudicación irregular del proyecto de S/232 millones a favor de un consorcio integrado por la constructora Termirex. El caso, que ahora está en etapa preparatoria, investiga los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias, organización criminal, falsa declaración y falsificación de documentos.
El dato
La empresaria y lobbista Karelim López tiene restricciones por 36 meses en la investigación del caso Provías. La también aspirtante a colaboradora eficaz tiene la siguientes limitaciones: no acudir a las instalaciones de Provías y el MTC, la prohibición de comunicarse con coinvestigados y testigos, y el pago de una caución de S/10 mil.
En cambio, la empresaria sí podrá salir de su lugar de residencia sin autorizaciones judiciales y no estará obligada a acudir mensualmente al Juzgado.
