El despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, evalúa si existe la posibilidad legal de revaluar la decisión de la anterior titular de la institución sobre suspender la investigación a Pedro Castillo mientras ejerza la Presidencia de la República, tal como lo solicitó la Defensoría del Pueblo.
Como se recordará, el 4 de enero del 2022, la doctora Zoraida Ávalos decidió iniciar una investigación a Castillo sobre las reuniones con Karelim López y los ascensos militares, pero en ese mismo acto suspendió las diligencias en su contra, de acuerdo con el artículo 117° de la Constitución.
La misma disposición fiscal incluye a otras personas, ministros de Estado, sobre los que no había impedimento legal para investigarlos. A nivel de las fiscalías provinciales, igual se viene desarrollando la investigación a López y otros.
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En este contexto, ante el pedido de la Defensoría del Pueblo, un primer paso buscará determinar si es posible revaluar esa disposición fiscal, sin afectar la cosa decidida. La resolución de la Fiscalía de la Nación, que no podía y no fue apelada, entró en vigencia de inmediato.
Luego, de considerarse que sí es posible revaluar esa decisión, Pablo Sánchez deberá decidir si cambia su opinión sobre este tema, la cual aparece en resoluciones que emitió cuando se desempeñó como fiscal de la Nación, entre enero del 2015 y julio del 2018.
En julio del 2016, Sánchez recibió dos denuncias contra el entonces presidente Ollanta Humala. Una, vinculada al caso Lava Jato y otra por promover supuestamente solo a los oficiales de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle en los ascensos militares.
Audiencia. Expresidente Ollanta Humala enfrenta el primer juicio del caso Lava Jato. Foto: Antonio Melgarejo
“Nuestro sistema de gobierno, señaló Sánchez, otorga al presidente, al ser elegido con el voto popular, una legitimidad que, en la práctica, le otorga inmunidad absoluta en el ejercicio del poder”, por lo que archivó las denuncias, es decir fue más restrictivo que Ávalos.
Así, la Fiscalía debería sustentar por qué revoca la resolución de Ávalos y qué lo motiva a cambiar su opinión.
La principal crítica a la decisión de la fiscal Zoraida Ávalos de iniciar y suspender la investigación a un presidente en ejercicio es que se debería esperar hasta el 2026 para investigarlo.
Eso no es exacto. La investigación de los hechos se está realizando. Lo único que no se puede hacer es llamarlo a declarar o restringir alguno de sus derechos. Eso se hará en cuanto deje el cargo, sustenta la Fiscalía.