El juez Víctor Zúñiga comunicó al fiscal José Domingo Pérez, la Procuraduría y los abogados defensores que es probable que decida desestimar la acusación contra Keiko Fujimori y otros militantes y dirigentes de Fuerza Popular y dar por culminado todo el proceso por lavado de activos.
Aunque esta siempre es una posibilidad dentro del control de una acusación, el anuncio del magistrado sorprendió a todos, pues no es habitual que un juez ponga énfasis en esa probabilidad. Además, a partir de ese anuncio, el juez suspendió para más adelante la discusión y control de la pretensión penal y las consecuencias accesorias de la Fiscalía.
Cuando los abogados, que no estaban de acuerdo con la decisión del magistrado, le pidieron una explicación, el juez contestó que era perder tiempo discutir las penas y pedidos accesorios si existe la probabilidad de sobreseer la acusación y dar por culminado el proceso.
Los abogados defensores Giuliana Loza, Cristian Salas, Jorge Massa, Humberto Abanto, Gonzalo del Río, entre otros, han advertido que la acusación por lavado de activos adolece de una serie de deficiencias y errores.
“El archivo y la culminación del proceso es una de las pretensiones de la defensa de Keiko Fujimori”, resaltó Loza.
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De acuerdo con fuentes judiciales es difícil que el juez archive todo el proceso, pero sí es bastante probable un archivo parcial de la acusación, lo que tendrá incidencia en la pena total que la Fiscalía plantea imponer a Keiko Fujimori.
El fiscal José Domingo Pérez ha propuesto una pena para la lideresa de Fuerza Popular de 30 años y 10 meses por el delito de lavado de activos, que habría cometido al recoger, recibir y utilizar supuestos fondos ilícitos en las campañas del 2011 y 2016.
En el 2011, el dinero habría provenido de las actividades de corrupción cometidas por la constructora Odebrecht. En este primer punto no hay discusión por el evidente y público rol protagónico de la constructora brasileña en el proceso de Lava Jato en Brasil.
Pero el fiscal también considera fondos de origen ilícito a los aportes que Fuerza Popular recibió de la Confiep, Dionisio Romero Paoletti, Luis Calle Quiroz y del fallecido Juan Rassmuss Echecopar. Sobre este segundo grupo de aportantes, establecer un origen ilícito del dinero es más complejo.
José Domingo Pérez estableció que los empresarios cometieron fraude en la administración de sus empresas, es decir, se autorrobaron y luego entregaron el producto de ese acto ilícito a la campaña de Fujimori.
Pero Credicorp, Sudamericana de Fibras o la Confiep niegan ese supuesto robo. Es decir, no hay víctima de ese primer delito.
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Precisamente, el 16 de febrero del 2022, la 2ª Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis comunicó que archivó la investigación a Ricardo Briceño por fraude en la administración de persona jurídica, pues, dice, no encontró perjuicio alguno a la Confiep ni existe forma de acreditar un desvío fraudulento de donaciones ni hay adulteración de los libros contables.
En el caso de Credicorp y Sudamericana de Fibras ni siquiera hay una investigación en trámite. Calle Quiroz fue absuelto de los cargos de narcotráfico que tenía en Estados Unidos y su nombre fue retirado de la lista negra del Departamento de Estado.
La Fiscalía sostiene que el delito de lavado de activos es autónomo. Pero sí debe establecer un mínimo indicio de la existencia de un delito que da origen a los fondos que considera ilícitos. Si no lo puede establecer, esa parte se archiva y ya no podrá sostener un pedido de 30 años de cárcel. Será menos.
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Un segundo aspecto de la acusación contra Keiko Fujimori que también está en el limbo probatorio es cómo hizo Odebrecht para traer al Perú el dinero que aportó a la campaña de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.
Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht, ha dado tres versiones de esa ruta: en un primer momento, declaró que un doleiro trajo el dinero a Lima y lo dejó en su escritorio dentro de un maletín de gimnasio. En una segunda declaración, afirmó que Olivio Rodrigues le envió el dinero a través de una off-shore y que un doleiro lo dejó en su escritorio.
Mientras que en una tercera declaración afirmó que la empresa Construmaq, de Gonzalo Monteverde, les prestó el dinero en Panamá y ellos lo trajeron al Perú y lo dejaron en su escritorio.