El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el recurso presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori en el 2017 ha reabierto las heridas de los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el dictador Alberto Fujimori.
La exministra de Cultura Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, víctima de la matanza de La Cantuta, expresó su dolor y preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional, de la que dijo tendría naturaleza política.
“Estoy totalmente indignada con toda esta situación sorpresiva porque desde ayer el Tribunal Constitucional lo había puesto en su agenda y seguro obedeciendo a otros intereses políticos. Estoy con mucha preocupación porque el Tribunal Constitucional tiene que ser una institución imparcial”, sostuvo.
Ortiz puso en duda la objetividad en el caso del presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, por su cercanía con el fujimorismo.
“Cuando en sus filas tenemos algunos magistrados fujimoristas confesos que no tienen la vergüenza de abstenerse en un caso como este, y encima votan doble como Ferrero, entonces, nos debería preocupar a todos los peruanos porque cualquier interés puede motivar sus decisiones”, afirmó.
Cantuta. Los Colina asesinaron a 9 estudiantes y un profesor (1992). Foto: Antonio Melgarejo
Ortiz sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede revertir esta sentencia del Tribunal Constitucional. “Ayer hemos mandado un escrito y tenemos que volver a mandar otro para pedir audiencia”, informó.
Carmen Amaro, hermana de Amaro Cóndor, otra víctima de la incursión del grupo Colina en la universidad La Cantuta, también se expresó con indignación por la liberación de Fujimori y llamó a la movilización.
“Que la rabia e indignación sean la fuerza para levantar nuestra voz de protesta para salir a las calles y expresar nuestro rechazo frente al arrebato de justicia. Aquí hay fuerza y coraje por el amor y la memoria de todas nuestras víctimas. Indulto es Insulto. Fujimori, Culpable”, escribió en su cuenta de Twitter.
Para Rosa Rojas, que perdió a su esposo, Manuel Ríos Pérez, y a su hijo de 8 años, Javier Ríos Roja, a manos del grupo Colina en la masacre de Barrios Altos, solo existe dolor y resignación. “Mi salud no me permite salir a marchar, solo me queda resignarme y seguir viviendo con el dolor de la pérdida de mi familia. Es bien doloroso recordar cada instante. Ya tuviera mi hijito 38 años. Le tiraron balas en todo su cuerpo, en la cabeza, era un bebé”, dijo entre llantos.
Rojas señaló que le toca a Fujimori pedir perdón por haber mandado a matar a inocentes.
“Fujimori debería haber pedido perdón a las víctimas por haber mandado a asesinar injustamente”, manifestó.
Barrios Altos. En noviembre de 1991, el grupo Colina mató a 14 adultos y a un niño. Foto: difusión
María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao, rechazó el fallo del Tribunal Constitucional. También expresó su dolor e indicó que esa decisión ha estado condicionada.
“Repudiamos esa respuesta del Tribunal Constitucional y volvemos a decir una vez más que fue condicionado, como en el año 2017. Es doloroso para nosotras como víctimas ver que la impunidad y la corrupción continúa. Acá se pisotea a las mujeres esterilizadas”, declaró.
Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió que introducir como elemento la salud de Fujimori para evaluar un habeas corpus sobre la nulidad del indulto del 2017 no está en la potestad del Tribunal Constitucional, sino del presidente.
Agregó que el 7 de abril tendrán audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se verá cómo se están cumpliendo las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, y allí plantearán que no se está cumpliendo con estas. “La Corte puede revisarlo”, explicó.
Protesta. Ayer, en varias regiones del país, la población se manifestó en contra del fallo del Tribunal Constitucional que declaró fundado el recurso presentado contra la sentencia que anuló el indulto a Fujimori el 2017. En Lima, familiares de víctimas fueron agredidos por La Resistencia.