Inician proceso penal contra Alberto Fujimori y exministros por esterilizaciones forzadas

El Poder Judicial inició este jueves 3 de marzo el proceso penal contra Alberto Fujimori y los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco -este último actual congresista por Fuerza Popular- por el caso de las esterilizaciones forzadas.

A ellos también se les suma Ulises Jorge Aguilar, que se desempeñó como exasesor del Minsa. A los cinco se les considera como presuntos autores de la “comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos”, según consta en una decisión judicial.

Desde esa fecha, el nuevo juez encargado del proceso, Littman Ramírez Delgado, programó las diligencias para recibir las declaraciones de los imputados y agraviadas. Este es un caso en el que las más de 1.500 víctimas de esterilizaciones forzadas continúan reclamando justicia.

Cabe precisar que en enero enero último, el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio decidió ampliar la investigación contra Fujimori y los ministros que trabajaron durante su gestión: Eduardo Yong, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Ulises Jorge por el plazo de 8 meses, ya que es considerado como “caso complejo”.

Tras esto, se ordenó la programación de las fechas -que inician el jueves 3 de marzo- para que se realicen las acciones de investigación que fueron admitidas en audiencia de presentación de cargos. Del mismo modo se procederá con las que serán ofrecidas por las partes procesales en su momento.

Esterilizaciones forzadas: víctimas no encuentran justicia tras más de 20 años

El programa implementado durante el régimen de Alberto Fujimori tenía el objetivo de modificar el comportamiento reproductivo de la población empobrecida, indígena y de zonas rurales quechuahablantes, para lo cual se ejecutaron campañas masivas e incentivos sin brindar la información completa a las agraviadas e incluso a través de amenazas.

Esta acción impulsada por Fujimori afectó no solo a las mujeres que fueron sometidas al programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), sino a las familias de las que fallecieron al no recibir instrucciones ni supervisión del procedimiento que les estaban realizando.