La Defensoría del Pueblo aseveró que el presidente de la República, Pedro Castillo, “se encuentra obligado a dar explicaciones claras y suficientes al país” luego de que la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López lo acusó, en su testimonio ante la Fiscalía, de ser el líder de una presunta organización criminal que opera desde Palacio y algunos ministerios.
A través de un pronunciamiento, la Defensoría sostuvo que las afirmaciones de López Arredondo, de comprobarse, constituirían “una grave lesión a la dignidad del cargo y pondrían en entredicho su capacidad para cumplir el mandato constitucional de combatir” la corrupción.
La entidad que preside Walter Gutiérrez pide específicamente que el mandatario esclarezca los lazos que tienen sus sobrinos con distintas instancias del Gobierno y con las personas que se han visto beneficiadas con contratos con el Estado.
“Debe dar cuenta de las reuniones que mantuvo en la casa del jirón Sarratea (Breña), precisando las personas que lo han visitado. Para nuestra institución, no se cumplen los deberes de transparencia y rendición de cuentas, apelando a la existencia de un entramado para forzar su vacancia o un plan golpista como fórmula para evadir dar explicaciones de fondo sobre los hechos denunciados”, se lee en el comunicado.
Por ello y las denuncias realizadas por exaltos funcionarios del Ejecutivo, la Defensoría considera que el reiterado actuar de Castillo Terrones “afectaría aún más la dignidad del cargo que ocupa”.
“Dadas las circunstancias que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo reitera que el gobierno es menos que el Estado. Por ello, todos los poderes y las instituciones constitucionales autónomas deben ejercer sus funciones para garantizar el control de un gobierno que claramente utiliza inescrupulosamente el poder”, concluye el pronunciamiento.