Defensoría vs. Ejecutivo: la controversia entre Walter Gutiérrez y el Gobierno de Pedro Castillo
Por meses, la Defensoría se ha pronunciado en contra de muchas decisiones del jefe de Estado. Hoy, Walter Gutiérrez, cuyo mandato está vencido, ha informado que solo se quedará hasta marzo.
Desde los albores del actual mandato presidencial, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ha sido un dolor de cabeza para el Ejecutivo. Uno que aparecía en cada decisión cuestionable que tomaba el presidente Pedro Castillo. A través de comunicados y pronunciamientos en medios, el defensor criticaba las disposiciones del jefe de Estado que a su juicio no eran las mejores para el país.
Incluso Walter Albán, quien presidió la Defensoría a inicios del milenio, le dijo a esta redacción que Gutiérrez estaba en la línea de ser opositor “hace bastante rato”. Hoy el defensor, que tiene el mandato vencido, ha anunciado que solo se quedará hasta marzo de este año y ha asegurado en RPP que durante su gestión ha actuado “en el marco constitucional”.
Su reemplazo depende ahora de un Congreso dominado por la oposición, que en estos últimos meses ha tenido poca voluntad para escoger a su sucesor. Gutiérrez, en muchos casos, coincidía con lo manifestado por los opositores. Su permanencia, de algún modo, les jugaba a su favor.
Parlamentarios oficialistas como Margot Palacios y Guido Bellido, de Perú Libre, o aliados como Sigrid Bazán e Isabel Cortez, de Juntos por el Perú, ya han instado al Legislativo a que elija al nuevo jefe de la Defensoría del Pueblo.
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De hecho, en agosto del 2021, Cortez presentó una moción para que se conforme una comisión que proponga ante el Pleno al nuevo defensor, pues Gutiérrez tenía que haber dejado el puesto en setiembre de ese año al cumplir su lustro de periodo constitucional. El pedido, sin embargo, tuvo resistencia: no se concretó.
Gutiérrez Camacho siguió entonces en su cargo y durante estos meses ha sido un crítico férreo de algunas decisiones del presidente, sobre todo cuando el jefe de Estado designaba a ministros cuestionados.
Comenzaron los pronunciamientos
Por ejemplo, cuando el mandatario anunció a su primer gabinete, liderado por Guido Bellido, el defensor le envió una carta para que haga cambios en ciertas carteras. Algunos ministros cuestionados de ese equipo eran Iber Maraví, Iván Merino, Juan Silva y el mismo Bellido.
Días después, y ante la polémica por el gabinete de esa época, Gutiérrez propuso un proyecto de ley para ampliar los requisitos para ser ministro. Aseguró que la iniciativa buscaba la “idoneidad y garantía de los derechos humanos en los ministros de Estado”.
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Con el pasar de los días, los pronunciamientos fueron en aumento. En noviembre, la Defensoría público una serie de tuits en los que le pidió explicaciones al jefe de Estado por sus reuniones extraoficiales en la casa de Breña. Y, en diciembre, la entidad autónoma indicó que la gestión de Castillo no garantizaba la labor de la prensa en el Perú, pues se estaba desarrollando en un “ambiente hostil”.
El defensor también criticó que la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, haya abierto y suspendido en el acto las investigaciones contra el dignatario peruano, y señaló que no le parece inconstitucional la ley que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso antes de ser sometida a referéndum. El Ejecutivo se había opuesto a esta norma.
Gutiérrez también sostuvo, en Canal N, que “sería un gravísimo error remover al procurador (general del Estado) Daniel Soria”, quien denunció al mandatario. Finalmente, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, lo retiró de su cargo.
Defensor criticó a Castillo en CNN
Quizá el punto más álgido en la relación entre el defensor y el Ejecutivo fue cuando el primero dio una entrevista al medio internacional CNN. Allí le pidió al presidente Castillo que dimita.
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“El presidente no ha dado muestras de lealtad con sus colaboradores. El presidente no ha dado muestras de respetar estándares mínimos de integridad para elegir a sus ministros. Tampoco ha dado muestras de respeto a los valores democráticos, y ha tenido tanto conductas como misiones que están siendo señaladas como actos de corrupción. Yo lo invitaría a que renuncie”, expresó.
Pide cambios en gabinete Torres
El último pedido que ha hecho el defensor al Gobierno es que reconforme el gabinete, presidido ahora por Aníbal Torres. Gutiérrez cuestionó la presencia del titular de Salud, Hernán Condori, investigado en Fiscalía por presuntamente haber cometido delitos de corrupción, y rechazó la falta de igualdad en el equipo de ministros, ya que solamente hay tres mujeres.
“Lamentablemente, en los últimos meses y de manera reiterativa, las designaciones de ministros y ministras han transgredido los estándares mínimos de idoneidad y el marco constitucional”, se lee en el oficio que envió Gutiérrez a Pedro Castillo.
Desde el Ejecutivo ha habido recientemente una respuesta. “La Defensoría del Pueblo tiene que trabajar en servicio del país, mirar todos los conflictos sociales y recomendar aspectos. No creo que la Defensoría del Pueblo sea un ente que pueda opinar sobre la coyuntura política. Para eso hay otras entidades privadas que podrían hacerlo”, declaró el ministro de Cultura, Alejandro Salas.
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Perú Libre quiere salida del defensor
En el Congreso, La bancada de Perú Libre ha anunciado que promoverá el desafuero del defensor Walter Gutiérrez, siguiendo el artículo 161 de la Constitución. Para lograrlo, necesitarán los dos tercios del número legal de congresistas (87 votos).
El grupo parlamentario asegura que el defensor del Pueblo “no ha cumplido el cargo con la idoneidad que el pueblo reclama; ha hecho oídos sordos a los abusos cometidos por los poderes fácticos del país contra el pueblo; sigue apoyando abiertamente posturas políticas violando la neutralidad que el cargo exige; y ataca constantemente al presidente de la República, contribuyendo a la inestabilidad política”.
“El actuar de este mal funcionario no solo ha generado un malestar político, sino que además genera un mal precedente, por lo que debe merecer una acusación constitucional, desafuero e inhabilitación para la función pública”, concluyeron los perulibristas.
