En esta entrevista el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, sustenta por qué la teoría del fraude, promovida por Keiko Fujimori y sus aliados, se fue desmoronando. Además, considera que en la etapa electoral hubo acoso a diversas autoridades de parte de los grupos que no reconocían los resultados.
¿Qué opina del archivamiento de denuncias de fraude en las últimas elecciones, considerando la dilación al proceso y el acoso que recibieron como autoridades del JNE?
El órgano constitucionalmente especializado –la Fiscalía- en la determinación de la existencia de causa probable para promover en su momento acción penal por falsificación de firmas y suplantación de personas se está pronunciando sobre bases sólidas, como corresponde en un Estado que se reclama constitucional y por tanto democrático y de derecho. Nosotros siempre hemos rechazado las versiones de fraude, porque teníamos la seguridad de los actos ejecutados por nuestro sistema electoral.
¿Por qué?
No es difícil revisar que la teoría malévola del fraude carecía de sustento real o verosimilitud. Si los mismos miembros de mesa vienen señalando que estuvieron desempeñando sus deberes electorales y suscribieron las actas respectivas, además todas y todos los miembros de mesa, según información recogida de ONPE, tanto en primera como en segunda vuelta, han cobrado sus estipendios por el desarrollo de sus funciones.
Cuenta regresiva. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibirá renuncias y solicitudes de exclusión de organizaciones políticas hasta el 31 de diciembre. Foto: Félix Contreras/La República
¿Qué piensa de quienes promovieron dicha teoría ante la opinión pública?
No queda sino deducir que los cuestionamientos estuvieron dirigidos a detener, por varios medios, el proceso o postergar la expedición de los resultados para finalmente evitar que se efectuara la proclamación que la mayoría de la ciudadanía definió con su voto.
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¿Cómo lidiaron con estos grupos que también atacaban a las autoridades electorales?
El acoso que como autoridades hemos sufrido, y que llegó a movilizar a muchas personas con toda la logística que implica, fue tan intenso que mereció el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medida de cautela. Los archivamientos de las denuncias son la lógica consecuencia racionalmente esperada. Pero el daño ocasionado será muy difícil de reparar. Corresponde a los autores de esta situación intentar repararlo.
¿Qué fue lo más difícil de ese proceso electoral?
Fue un proceso cargado de obstáculos diversos, por ejemplo la situación de pandemia, aparejado además por denuncias, acciones judiciales, actos de acoso para amedrentar y la pretensión era incidir en los resultados. Nuestro compromiso y finalidad es más bien asegurar la expresión auténtica, libre y espontánea de todos los ciudadanos. Ceder ante cualquier presión o amenaza hubiera sido quebrar nuestro compromiso. Y sin duda, ha significado una enorme dificultad afrontar las amenazas y ofensas.