Una denuncia periodística señala que en el Ministerio del Ambiente se manejaría un tipo de agencia de empleos en beneficio de personas cercanas a Perú Libre, partido con el que postuló sin éxito el titular del sector para el Congreso 2021-2026.
De acuerdo a Latina, en el sector se evaluó en varias ocasiones a postulantes para hallar puestos públicos en los que calzaban sus hojas de vida. El caso se conoció tras la renuncia del 15 de diciembre de Juan Carlos Castro Pinto al cargo de director de Recursos Humanos de la cartera. En su carta de dimisión dijo haber conservado su integridad frente a la evaluación de candidatos para ser designados en cargos de confianza “sin ceder a presión alguna”.
Jaime Quispialaya, en agosto del 2021, se presentó como abogado de Perú Libre durante el allanamiento del local de esta organización, y para ese entonces ya había conseguido ser evaluado tres veces consecutivas para trabajar en el ministerio sin cumplir con los requisitos. Tras varias reuniones con el ministro, encajó en el perfil para secretario general, cuyo sueldo es de S/ 25.000 al mes. Para este puesto que es de confianza, y ya no técnico como los anteriores, pesaba el visto bueno de Ramírez.
Otro caso es de Carlos Pimentel, militante de Perú Libre e imputado en 2019 de falsificar documentos para trabajar en la Municipalidad de Huancayo. En agosto, su currículum fue evaluado para el puesto de director de Economía y Financiamiento Ambiental, luego intentó postular como asesor de un viceministerio sin éxito.
Se le evaluó nuevamente para el primer cargo, pero fue rechazado, aunque en un intento más tuvo luz verde. Apenas duró una semana en el puesto porque en un control posterior se halló que presentó certificados de trabajo falsos.
Rocío Santiváñez, miembro del equipo técnico de Perú Libre en campaña, fue evaluada en setiembre para ser directora de Control de Contaminación y Sustancias Químicas, pero no cumplía los requisitos. Posteriormente fue evaluada tres veces más y tuvo una aprobación para el mismo cargo.
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Durante el proceso en un mensaje a Castro Pinto escribió: “Coordiné con el Dr. Rubén”, quien sería el mismo ministro. Por su lado, Ramírez niega favoritismos en las contrataciones.
Sherly Rojas, de 25 años, es contratada por la ONG Profonanpe, de la cual el ministro Ramírez es parte del Consejo Directivo, y tiene acceso a la entidad pública sin ser trabajadora de la misma. La joven firmó ante la ONPE como jefa de campaña del ahora miembro del Ejecutivo. Ramírez confirmó que la moviliza en el vehículo que le asignaron a él, a pesar de estar prohibido.