La Defensoría del Pueblo se refirió a los recientes cuestionamientos que viene recibiendo el procurador general del Estado, Daniel Soria, quien ya anunció que presentará una acción legal ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para que el Ministerio Público no suspenda la investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo.
En efecto, a través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales este sábado, la institución, que aún lidera el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que, si de parte del Poder Ejecutivo deciden retirar del cargo a Daniel Soria, entonces se estaría ante una acción en contra del sistema de justicia.
“Esta acción vulneraría los principios constitucionales de independencia del sistema de justicia y de autonomía funcional de las/os procuradoras/es”, se lee.
Este aviso de la Defensoría se da tras la polémica desatada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien anunció una evaluación del perfil profesional del procurador Daniel Soria, luego de que este solicitara al Ministerio Público que no suspenda la investigación contra Pedro Castillo por las presuntas injerencias en los procesos de ascensos en el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú.
Asimismo, Soria también fue acusado por Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, de haberse burlado, presuntamente, del jefe de Estado cuando declaraba en la diligencia en Palacio. A raíz de esto, se mencionó que se buscaría su remoción del cargo por no haber participado en ningún concurso público.
“Alegar como causa de retiro incumplimiento de requisitos para el ejercicio del cargo exigiría una nueva resolución firmada por el presidente de la República, lo que en la práctica significaría apartar del cargo a quien lo ha denunciado por presunta comisión de ilícitos penales”, expresa la entidad.
Defensoria
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Por otra parte, un total de 70 procuradores se pronunciaron a favor de la autonomía de la Procuraduría General tras la polémica desatada por Aníbal Torres, quien confirmó que recibió el martes 4 de enero a Eduardo Pachas, abogado del jefe de Estado. Es decir, un día antes de que aquel se refiriera públicamente a presuntas irregularidades en el nombramiento de Soria.
Al respecto, los procuradores de diferentes regiones y provincias del país rechazaron cualquier intento de injerencia política en la labor de la Procuraduría General del Estado.
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de injerencia política en la labor de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos, pues ello se convertiría en una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley. La autonomía de los procuradores es una demanda histórica que ha trascendido varios gobiernos y ha sido planteada por diversos sectores de la ciudadanía y la sociedad civil”, acotaron.