Contraloría identifica en reuniones en casa de Breña una “situación adversa que podría afectar la transparencia”
La entidad supervisora ha instado al Despacho Presidencial a que adopte “las acciones preventivas y correctivas que correspondan” y que informe cuáles serán.
La Contraloría de la República ha encontrado “una situación adversa que podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública” en las reuniones que mantuvo el presidente Pedro Castillo en el inmueble de Breña, ubicado en el pasaje Sarratea 179. El jefe de Estado aún no da explicaciones sobre estos encuentros. Se ha limitado a señalar que en su domicilio solo ha recibido “visitas de carácter personal”.
En su informe, la Contraloría revisó la denuncia periodística realizada por Cuarto Poder en la que se mostró que agentes de seguridad del Estado y vehículos oficiales destinados al Despacho Presidencial habían acudido al domicilio de Breña el 20 de octubre, y el 5, 7 y 19 de noviembre para sostener reuniones. Incluso, el medio logró captar al mandatario entrando a la vivienda el 7 de noviembre.
La entidad supervisora pudo constatar que ni la reunión del 20 de octubre ni la del 7 noviembre fueron registradas en el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo, tal como manda la ley. Tampoco en la agenda de la Presidencia.
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Además, el dominical reveló que a la mencionada casa también han ingresado funcionarios públicos como los congresistas de Perú Libre, Alex Paredes y Lucinda Vásquez, el 19 de noviembre. Ese mismo día, ya cuando el automóvil asignado al Despacho Presidencial se había ido, el ministro de Defensa Juan Carrasco arribó y, minutos después, llegó Karelim López Arredondo, quien han visitado Palacio de Gobierno en seis oportunidades.
Karelim López se habría reunido con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y también en su casa en Breña. Foto: Composición / Twitter de Karelim López - Imágenes de Cuarto Poder
De hecho, La República pudo confirmar que Karelim López Arredondo sí está relacionada con al menos dos de las tres empresas que forman parte del Consorcio Puente Tarata III, que el 19 de octubre de este año, durante la gestión de Castillo Terrones, ganó la licitación para la construcción de una obra pública de 255,9 millones de soles.
Ante esta denuncia, la Contraloría -tras mostrar la normativa que debe cumplir el presidente, como la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública- ha indicado un par de acciones en su informe, para que no se continúe dando esta “situación adversa”.
Primero, ha dispuesto que se envíe este informe al secretario general del Despacho Presidencial para que tome medidas con “la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la transparencia en el ejercicio de la función pública, debiendo para tal efecto mantener actualizada la información que se consigna en las Agendas Oficiales del Despacho Presidencial”.
Segundo, “hacer de conocimiento al secretario general del Despacho Presidencial que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente informe de Orientación de Oficio”.
