El Pleno de Congreso rechazó ayer la moción que buscaba interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, impidiendo de esta forma que el país conozca las razones que lo llevaron a firmar un acta de compromiso ante un grupo de transportistas informales de Lima y Callao, en la que les ofrece ampliar por 10 años los permisos de rutas que hoy vienen utilizando con vehículos viejos y con choferes sin contratos, anular las multas y papeletas que acumularon durante los meses de pandemia y cambiar a las jefas de las entidades fiscalizadoras Sutran y ATU.
Con 48 votos en contra, solo 27 a favor y 39 abstenciones, fue desechada la moción presentada por las congresistas Flor Pablo Medina y Susel Paredes, con la firma de representantes de otras bancadas.
Y pese a que Paredes pidió una reconsideración, los votos de Perú Libre y la abstención del fujimorismo frustraron todo.
Al respecto, Susel Paredes señaló a La República que la izquierda y la derecha se juntaron para defender intereses, “en este caso, de un grupo de transportistas”.
“Nuevamente los extremos se juntan, la izquierda y la derecha; cuando tienen intereses subalternos votan juntos porque no tienen principios. Lamentablemente, en el Perú hay una clase política que se mueve según el interés de algunos grupos, pero vamos a seguir luchando por la gente, por el orden y por la seguridad en las pistas”, refirió.
Extrañamente, varios congresistas que habían firmado la moción, entre ellos el fujimorista Hernando Guerra García, no fue consecuente a la hora de votar. En su defensa dijo que creyó conveniente no aprobar dos interpelaciones en un solo día (la del ministro de Defensa y la del titular del MTC).
Más temprano, la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, reiteró que no renunciará y que tomará medidas legales si la quieren apartar de su cargo, además que defenderá la institucionalidad de la entidad y la reforma del transporte.
“Al ser esta decisión una decisión ilegal, lo que corresponde, a pesar de todo, es acatarla; pero voy a defender la institucionalidad de la ATU a través de los medios legales. Por supuesto que lo voy a hacer, no voy a renunciar”, dijo en RPP.
“Puede ser con un amparo, con una medida cautelar, de lo que se trata es de defender la institucionalidad y la reforma del transporte que está ya por presentar los primeros pasos, como el chatarreo vehicular”.
Precisó que en 60 días se puede iniciar la licitación del sistema de recaudo y de los corredores complementarios para completar la flota a favor de los usuarios.
La ATU informó que ha tenido avances, como el reglamento del recaudo único que permitirá el pago de pasajes con una sola tarjeta. También el proyecto de reglamento para que el Congreso permita a la ATU dar autorizaciones por 5 años.
Igualmente, el marco regulatorio para retirar unidades viejas y reemplazarlas por buses patrón.