Se complica la situación legal del gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña. El fiscal William Otazú Pinto, solicitó nueve meses de prisión preventiva contra la autoridad regional por el delito de colusión agravada. El recurso fue ingresado la madrugada de ayer al juzgado de la Corte de Puno.
El pedido es porque existen suficientes elementos de convicción que evidencian responsabilidad en la autoridad. Fuentes de la fiscalía indicaron que las últimas diligencias permitieron encontrar información que probaría que dentro del gobierno regional estuvo operando una presunta organización criminal en torno a la licitación y ejecución del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Esta obra se adjudicó por 329 millones 373 mil 420 soles al consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón en julio de 2020.
La audiencia contra Luque se realizará hoy desde las 09:00 horas. Estará a cargo del juez Youl Riveros Salazar.
El pedido de prisión también alcanza a John Wilfredo Martínez Molina, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Puno, y al empresario chino Chen Junkun Con, aún no ubicado por la Policía.
Agustín Luque y John Martínez Molina, fueron detenidos preliminarmente el sábado 30 de octubre por orden judicial. Ambos se habrían coludido para no cobrar penalidades al consorcio que ejecuta el hospital de Puno por S/ 504 mil 727. 33 soles. La supervisión comprobó que el Consorcio no tenía en obra al personal especializado que propuso en su propuesta económica. Por ello, formalmente se le impuso dicho monto en cuanto a penalidad porque así está estipulado en el contrato.
La Fiscalía Anticorrupción encontró documentación que probaría que el monto por el cual se concilió, era una coartada para no cobrarles a los chinos un monto mayor. Se calculó dicha penalidad para encubrir el verdadero pago que asciende a S/ 3 millones 624 mil 500.
Por ejemplo, dentro de los S/ 504 mil 727. 33 soles, por concepto de penalidad figura un monto de S/ 98 mil 900 por ausencia de 23 días de personal especializado. Por cada día de ausencia es S/ 4300 soles. Sin embargo, la información no se ajusta a la verdad. En realidad la empresa ejecutora incurrió en 167 días sin personal especializado, que sumado en total la sanción debería ser de S/ 718 mil 100. Como este caso se tuvo otros más (ver documento).
“No solo es el hecho que se pusieron de acuerdo para no pagar los más de 500 mil soles. Si no que a través de ese monto estaban encubriendo el monto real, porque hicieron un cálculo irreal, a pesar de que hay informes oficiales de los días que tuvieron ausencia de personal especializado”, informó una fuente la fiscalía.
Para que se concrete el acuerdo de conciliación, el gobernador Agustín Luque, tuvo la aprobación del directorio de funcionarios. Con este respaldo, Luque pasó por encima del procurador regional Santiago Molina. Quien se encargó de llegar a un acuerdo con los chinos fue Jhon Martínez Molina. Ahora la Fiscalía Anticorrupción, abrió investigación a todos los miembros del directorio del Gobierno Regional. (Ver listado).
Abraham Arizapana Paredes (gerente de Planeamiento y presupuesto)
Roger Mamani Mamani (Sub Gerente de Programación e Inversiones)
Juan Carlos Mestas Ortega (jefe de estudios)
Harol Leopoldo Cari Larico (Gerente de Desarrollo Económico)
Fredy Wilber Gauna Larico (jefe de administración)
Isaac León Quispe Huaranca (Gerente de Desarrollo Económico)
Santos Donato Ramos Ccopa (Gerente de recursos naturales)
Narda Castillo Castillo (Ahora exgerente de infraestructura)
Santiago Molina Lazo (Procurador del Gobierno Regional)
Noe Callo Cahuana (abogado especialista en conciliación)
Walter Zea Mallea (jefe de tesorería)
Hilda Rosa Quispe Illacutipa (jefe de abastecimientos)
Juan Carlos Cáceres Olazo Jara (jefe de supervisión)
Emilio Turpaud Espinoza (rep.del Consorcio ejecutor de obra)
José Martín Cueva Martínez (jefe de consorcio supervisor)
Víctor Manuel Macedo Urviola
Luis Edgardo Aguilar Pomari (especialista en contrataciones)
Pamela Moscoso Quispe (especialista en supervisión)
Daniel Chambi Ruelas (jefe de contabilidad)