Gobernador de Puno, Agustín Luque, se saltó a procuraduría para beneficiar a chinos
Más pruebas. Fiscalía allanó oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional. Se encontró documentación que acredita que se obvió participación del procurador. De ese modo nadie defendió al Estado.
La situación del gobernador de Puno, Agustín Luque Chaiña, se complica. En la víspera cumplió su primer día de detención preliminar por siete días. La Fiscalía Anticorrupción ya evalúa un pedido de prisión preventiva, porque en las diligencias, tras la detención de Luque, encontró documentos que fortalecen la tesis fiscal de que la autoridad se habría coludido para beneficiar al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón de Puno, que ejecuta el hospital del mismo nombre. Esta obra se adjudicó por 329 millones 373 mil 420 soles al consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón en julio de 2020.
En las diligencias de allanamiento a las oficinas de Asesoría Jurídica, se halló documentación que acredita que Agustín Luque pasó por alto a la procuraduría del Gobierno Regional de Puno.
En vez de que los representantes de esta unidad intervengan para defender los intereses del Estado, frente al propósito de la constructora para que no se aplique penalidades por S/ 504 mil 727, Luque optó por delegar funciones a Jonh Wilfredo Martínez Molina, su jefe de asesoría jurídica.
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Según la Tercera Fiscalía Anticorrupción de Puno, Luque, literalmente hizo a un lado al procurador Santiago Molina, para que la controversia se resuelva entre su funcionario de confianza y el empresario chino Chen Junkun Con, representante de la constructora.
Según documentación hallada, Luque, habría dejado sin efecto la Directiva Nro. 003-2021-GRP. Este dispositivo regula el procedimiento interno que debe seguir el Gobierno Regional de Puno cuando es invitado a conciliar. Fue aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro. 097-2021-GR-GR-PUNO en fecha 06 de abril de 2021. “Con ese documento y otros, el señor gobernador lo que ha hecho, es saltarse normas y a la vez dejar sin piso a la Procuraduría que debería defender al Estado, para que solamente su asesor jurídico, determine con el empresario chino, la no aplicación de sanciones pecuniarias por incumplimiento del contrato”, dijo una fuente del Ministerio Público.
Para la Fiscalía hasta el momento hay suficientes elementos para pedir la prisión preventiva de Agustín Luque.
Acuerdos formales
Los acuerdos se hicieron en el Centro de Conciliación “Mediar Puno”. Para los fiscales que investigaban el caso, casi todos los actos estaban programados. Según la tesis del Ministerio Público, Liliana Paola Larico Bermejo se encargó de la conciliación, pese a que por ley le correspondía estar presente a la Procuraduría del Gobierno Regional. Mientras que Hans Larico Apaza le dio validez a los acuerdos pactados contra la norma. “Los centros de conciliación saben que no pueden hacer actos contra la norma. Aun así lo hicieron”.
“Le dieron validez a un acto que era nulo, porque nadie defendió al Estado. Es más, lo hicieron de un modo concertado”, precisó una fuente de la fiscalía
Diligencias
En la víspera continuó la diligencia. El gobernador de Puno fue sometido a examen de descarte de COVID-19 y de médico legista. Agustín Luque, en un breve acercamiento con los medios de comunicación, se negó a declarar. Solo su asesor legal Jonh Martínez Molina, dijo que la detención era injusta. Hoy se tomará declaraciones a los detenidos.
Más hechos que se debe investigar
Esta semana inicia la investigación por la licitación del hospital. La República reveló que la presidenta del comité de licitación, Narda Castillo Castillo, era pariente de Olinda Pacheco Aguilar, esposa del gobernador.
El segundo miembro Josué Milton Quispe Gutiérrez también estaba vinculado a la esposa de la autoridad. Fueron compañeros de trabajo en el municipio de Puno, en la gestión del exalcalde Iván Flores.
La Contraloría determinó que se dio la buena pro a un consorcio que no tenía experiencia. Se determinó además que durante el proceso de calificación del expediente no se cumplió con pedirle aclaraciones a la empresa respecto a su experiencia. El caso está en manos de un equipo especial de fiscales que estos días deben emitir pronunciamiento respecto al modo que llevarán la causa.
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