El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, dio inicio este martes a la audiencia contra la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, involucrada en los delitos de cohecho y negociación incompatible. El Ministerio Público reiteró su pedido de 36 meses de prisión preventiva para 18 integrantes, entre los que destacan militantes de Perú Libre, entre ellos, Arturo Cárdenas, secretario de la organización política; y Eduardo Bendezú, excandidato al Congreso.
Durante la audiencia, la fiscal Vanessa Díaz argumentó en un nuevo esquema que Los Dinámicos del Centro tenían dos brazos operativos, uno dedicado al tráfico de licencias de conducir, y el otro en tráfico de contratos CAS en el Gobierno Regional de Junín. De esta manera, sindicó a Vladimir Cerrón como el cabecilla de la organización criminal, seguido por Arturo Cárdenas a quin le denominó el “enlace” con los demás integrantes.
Esa misma línea, la representante del Ministerio Público indicó que Cárdenas garantizaba que las ‘coimas’ por las licencias de conducir y remuneraciones de los CAS, lleguen a Vladimir Cerrón y a los fondos de la organización política Perú Libre. Agregó que en total serían 42 personas involucradas, distribuido en cuatro niveles.
“Esta Fiscalía establece que nos encontramos ante una organización criminal presuntamente conformada hasta en cuatro niveles. En el primero está Vladimir Cerrón en condición de líder; Arturo Cárdenas Tovar en segundo nivel, hombre de enlace de la organización; y luego se bifurcan en dos: uno en la actividad criminal referida al tráfico de licencia de conducir y en paralelo a la contratación de personal”, señaló la magistrada.
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Ministerio Público presenta la estructura de los Dinámicos del Centro.
Los Dinámicos del Centro traficaban con licencias de conducir, contrataciones de personal y cobro a trabajadores en la Dirección Regional de Transportes de Junín, desde el 2012.
Ellos cumplían la función de ser jaladores y tramitadores externos. Asimismo, captaban a personas dispuestas a pagar para obtener sus licencias de conducir sin cumplir con los trámites de ley. Dicho dinero recaudado habría servido para financiar la campaña política de Perú Libre durante los años 2020-2021.