El Informante: Los herederos, por Ricardo Uceda
Lo que se imputa a los descendientes de Abimael Guzmán. El Poder Judicial se toma su tiempo para decidir sobre los investigados. Lo que dice el Ministerio Público. Pedro Castillo y un problema de Estado.
La muerte de Abimael Guzmán sorprende al Perú en una discusión acerca de la posición en el Gobierno alcanzada por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Humanos (Movadef), creado por el Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso. Guzmán fundó ambas organizaciones. Según la Policía y el Ministerio Público, pertenecer al Movadef es lo mismo que militar en Sendero Luminoso. A partir de referencias verosímiles, se sindica al ministro de Trabajo, Iber Maraví, como uno de sus representantes. El asunto de fondo, sin embargo, es qué relación tiene con el Movadef el presidente Pedro Castillo.
En 2019, en el operativo Olimpo, la Dircote detuvo a 77 personas atribuyéndoles pertenencia al movimiento. La mayoría continúa en prisión preventiva, a la espera de que un juez acoja los cargos para 51 investigados. En 2014 hizo un operativo anterior, Perseo, cuyos imputados aguardan juicio oral. De acuerdo con el Ministerio Público, los movadefistas cumplen funciones ordenadas por el partido, comparten su ideología y veneran a sus líderes.
La cuestión judicial
El Poder Judicial, pues, debe pronunciarse sobre el contenido de la denuncia, según la cual el Movadef es un organismo generado del partido para efectuar trabajo de masas. El apoyo de la imputación son documentos, audios y videos, por ejemplo diálogos sobre la toma del poder, o pronunciamientos de dirigentes respecto de la ideología de la organización, el marxismo leninismo maoísmo pensamiento Gonzalo. Los imputados que no son conocidos dirigentes senderistas se consideran perseguidos por sus actividades gremiales o culturales, ajenas al terrorismo.
En diciembre del 2020, al anunciar los resultados de Olimpo, el entonces ministro del Interior Rubén Vargas dijo que los miembros del Movadef no asesinaban ni ponían bombas, pero cumplían los mismos propósitos que Sendero Luminoso. Aunque el operativo fue considerado una maniobra distractiva por quienes criticaron los cambios en la Policía que hizo Vargas, constituye el mayor bagaje de evidencias disponible. No hay manera de anticipar cómo actuarán los jueces durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Compás de espera
Si bien la cuestión judicial está en un compás de espera, políticamente nadie discute la paternidad de Sendero Luminoso sobre el Movadef. En 2017 el exministro del Interior Carlos Basombrío mostró en el Congreso la radiografía del cordón umbilical que los une. Explicó, además, con pelos y señales, la conducción de la huelga magisterial que hacía el Movadef a través de un frente de sindicatos encabezado por Pedro Castillo. Por entonces Castillo encontró un inusitado apoyo en la bancada de Fuerza Popular —particularmente en Héctor Becerril—, obstinada en combatir a Pedro Pablo Kuczynski.
Hay analistas que consideran una pérdida de tiempo y de recursos perseguir al Movadef, puesto que sus miembros no militan necesariamente en Sendero Luminoso. Y porque, después de todo, la guerra ya acabó. Otro argumento es que ellos no están cometiendo actos terroristas, sino realizando agitación política. En la izquierda, Patria Roja denuncia en voz alta sus vinculaciones con Sendero Luminoso. Tiene un interés concreto, pues el objetivo del Movadef es arrebatarle la Derrama Magisterial, que controla a través del Sutep.
Algo imposible
La candidatura presidencial de Pedro Castillo puso brutalmente el tema sobre la mesa, especialmente cuando pasó a la segunda vuelta. Aún entonces, en la relación de doce juramentos que contuvo la Proclama Ciudadana que suscribió con Keiko Fujimori, el tema del combate al terrorismo fue un puntito más, un añadido dentro de una lista de delitos indeseables para la seguridad ciudadana. Los focos de alarma estaban puestos en la importancia de la inversión privada, la libertad de prensa y los mecanismos legales para debatir una nueva Constitución.
La victoria de Castillo, sin embargo, coloca al Estado en una situación casi insostenible. Pues, aun en la hipótesis de que Sendero Luminoso solo estuviera compuesto por un grupo de viejitos y el futuro de los nuevos senderistas no fuera el terrorismo, la Policía y los servicios de inteligencia, los ministerios de Defensa y del Interior deben actuar como si este riesgo se mantuviera en un alto nivel. Esto no será posible con la presidencia de Pedro Castillo. El profesor tiene lazos demasiado fuertes con el Movadef como para asumir la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley en este aspecto específico.
Los dos socios
¿Este es un razonamiento golpista? No. Simplemente un baño de realidad. Quizá los constitucionalistas por ahora empeñados en facilitar una Asamblea Constituyente pudieran encontrar la manera de sostener a Castillo estableciendo controles específicos, creativos y a la vez eficaces, solo en el campo de la seguridad. Parece muy difícil. O quizá los socios, la izquierda bolivariana de Vladimir Cerrón —comunistoide, mas no relacionada con Sendero Luminoso—, o la ex Nueva Izquierda representada por Verónika Mendoza, pudieran construirle un andador al presidente para que camine sin desviarse. Pero ya vemos que estos compañeros de gobierno tienen sus propios problemas.
Y a propósito de los socios, es más comprensible que Perú Libre, con su marginalidad y radicalismo provinciano, haya terminado enredado con un representante del Movadef para tentar una nueva Constitución. Más difícil de comprender es al tercer socio. Así como en los setenta hablaba de lucha armada sin hacerla, ahora habla de democracia sin protegerla.
