El último 11 de febrero el expresidente Martín Vizcarra afirmó que había sino vacunado contra el coronavirus con las dosis del laboratorio chino Sinopharm, que habían llegado al Perú para los ensayos clínicos. A causa de aquella revelación, se da inicio a una serie de cuestionamientos y se descubre que 487 personas, entre altos funcionarios públicos, privados e incluso allegados habían sido inoculados sin ser parte de la investigación de prueba.
A este caso de secretismo y favoritismo que inició el 2 de octubre con la primera vacunación del exjefe de Estado se le ha denominado Vacunagate. Debido a lo dicho por Vizcarra, la primera ministra Violeta Bermúdez y la entonces titular del Ministerio de Salud (MINSA), Pilar Mazzetti, fueron citadas ante el Pleno del Congreso para responder sobre lo ocurrido.
En su momento, Mazzetti negó categóricamente haber tenido conocimiento de que el exmandatario se haya inoculado en octubre, y además aseguró que ella no recibió ninguna dosis del antídoto contra la COVID-19. Ante los cuestionamientos del Parlamento, la exministra de Salud renunció a su cargo al tiempo que se develaron nuevos nombres de aquellos que participaron de la vacunación secreta.
La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, dimite tras reconocer que fue una de las que recibió las dosis de la vacuna china y, en un mensaje a la nación, el presidente Francisco Sagasti fue quien dio a conocer que no solo ella y Martín Vizcarra fueron inmunizados fuera de los ensayos clínicos, sino que también Pilar Mazzetti y demás funcionarios junto a sus familiares, tras recibir una lista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), entidad que estuvo a cargo de los ensayos clínicos de Sinopharm.
A la par el doctor que dirigía equipo de los ensayos, Germán Málaga, confirmó que además de las 12.000 vacunas chinas, Sinopharm había recibido 3.200 dosis adicionales, las cuales -según un comunicado de la UPCH- debían ser utilizadas para inocular al personal médico relacionado con el estudio. Sin embargo, estas fueron usadas para el beneficio de personas vinculadas a la gestión pública, cuando decenas de peruanos morían a diario.
Debido a ello, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar en contra de Martín Vizcarra por la vacunación de los trabajadores del Estado, quienes no fueron registrados como parte del grupo de voluntarios, y varios de ellos ya han dimitido a sus cargos.
Vizcarra, Mazzetti, Astete, Málaga y los demás funcionarios públicos que accedieron a la inmunización podrían ser acusados de cometer los presuntos delitos de corrupción como tráfico de influencias, colusión, cohecho y peculado, según abogados penalistas consultados por este medio.
El 16 de febrero La República reveló la lista completa de los que habían sido vacunados con las dosis adicionales que regaló Sinopharm a la Cayetano Heredia, dándose a conocer los demás servidores del Gobierno que están involucrados en este escándalo.
Por su parte, el Congreso también ha tomado acciones al respecto. Desde las bancadas Nueva Constitución, Podemos Perú y Frente Amplio presentaron denuncias constitucionales y señalaron que el exjefe de Estado hizo uso ilícito de su cargo para poder vacunarse antes que los demás.
En este sentido, solicitaron que la representación nacional acuse a Martín Vizcarra por la comisión de los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y contra la administración pública. En la misma línea, pidieron que sea inhabilitado de la función pública por diez años.
Este miércoles 17 de febrero el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha informado que han sido presentadas en total seis denuncias en contra del también postulante al Congreso por Somos Perú, algunas que también involucran a otros exfuncionarios. Igualmente, dio a conocer que este viernes 19 de febrero sesionarán para ver el pedido de inhabilitación contra Vizcarra.
Además, también se ha conformado una comisión investigadora para conocer más a profundidad sobre todos los implicados en la vacunación secreta, la cual fue conformada por un representante de solo 9 bancadas. Somos Perú y el Partido Morado quedaron fuera por decisión de la Junta de Portavoces.
La Fiscalía ya ha iniciado las indagaciones de los hechos en el caso Vacunagate, para determinar responsabilidades de cada involucrado y sancionarlos como corresponda.
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