La premier Violeta Bermúdez asegura que no habrá impunidad para los culpables de las muertes de dos jóvenes durante la represión de las protestas. Sin embargo, refiere que estos hechos fueron aislados y pide no estigmatizar a la institución policial. Señala que las investigaciones revelarán hasta dónde llegan las responsabilidades.
El Tribunal Constitucional no aclaró los alcances de la vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿Cómo afecta estabilidad del país?
Más que afectar la estabilidad del país, lo que lamentamos es que no contemos con una interpretación respecto de los alcances de una sentencia que se esperaba con mucha expectativa, porque sabemos que esta famosa causal de vacancia de permanente incapacidad moral, es una cláusula muy amplia, puede entrar de todo, depende de qué entendamos por moral; y la idea de un intérprete constitucional como es el tribunal es que dé los parámetros, precise aquellas situaciones ambiguas para darle un contenido a los preceptos, acorde a la Constitución.
El Congreso podría usar esta cláusula contra el presidente Sagasti. ¿Presentarán un proyecto de ley para zanjar el tema?
En este momento no es una prioridad. La designación del presidente Sagasti es una decisión para un gobierno de transición hacia un nuevo gobierno que sea elegido democráticamente en las urnas en abril. Este es un gobierno de ocho meses que está liderado por el presidente del Congreso, que como tal ha asumido funciones de presidente de la República. Confío que este escenario plantee una relación de diálogo, de fortalecimiento de ambos poderes del Estado. Por supuesto que habrá temas en los que habrá discrepancias, ojalá que en la mayoría haya coincidencias, pero lo más importante son los argumentos, para cualquier postura. Si tenemos fundamentos, podemos dialogar y arribar a la mejor decisión para nuestro país.
¿Confía en que los parlamentarios cambiarán de actitud? En los últimos meses hubo dos vacancias y aprobaron una serie de normas populistas…
En general hemos pasado, y seguimos pasando por diversas crisis políticas que no son recientes, lo que nos demuestra que, en términos de fortalecimiento institucional, nos exige un desafío responsable a todos los actores políticos. El presidente Sagasti dijo que quería liderar una transición de confianza, en el entendido de que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones pero también de esperanza en que podamos institucionalizar el diálogo como una forma de llegar a consensos pero también para poder discrepar, pues la discrepancia es muy rica en una democracia porque nos ayuda a encontrar la solución a un problema.
¿Cómo será esa transición?
Nosotros tenemos ocho meses y debemos enfocarnos en las tres prioridades mencionadas por el presidente. Primero, en tener elecciones libres, democráticas y transparentes, que conduzcan a que el 28 de julio del 2021, en el Bicentenario, tengamos un gobierno, del que nadie dude de su elección, pues cumple con todos los estándares internacionales de un proceso democrático. Y para ello, desde el Ejecutivo nos hemos comprometido a garantizar el principio de neutralidad. Segundo, enfrentar la pandemia, y ahí tenemos el frente sanitario y el frente económico, que son claves. Afortunadamente, hemos podido volver a reclutar, por decirlo de alguna manera, a la doctora Pilar Mazzetti, para dar continuidad a toda la estrategia. Y en tercer lugar, el tema de la seguridad, visto de manera amplia. La seguridad ciudadana siempre ha sido un problema crítico en Perú, pero en los últimos tiempos hemos tenido problemas muy complejos, y en las últimas semanas con las movilizaciones sociales con consecuencias lamentables. No queremos que quede manchada la institución policial por prácticas o comportamientos de un grupo de policías cuya responsabilidad estamos investigando a nivel administrativo, con transparencia, y también en el ámbito del Ministerio Público se está investigando.
Cuando dice “un grupo”, ¿se refiere a los efectivos que estuvieron en el operativo o a los que dieron las órdenes?
Las investigaciones dirán si hubo órdenes o si fue iniciativa de un grupo. Lo que quisiera dejar en claro, y es lo que en el gabinete hemos analizado, es que no podemos generalizar y estigmatizar a una institución que es fundamental para nuestro sistema democrático y para la relación con la ciudadanía. Por el contrario, queremos ver los canales para fortalecer a la institución policial, para recuperar esa confianza que se ha visto resquebrajada por los hechos tan lamentables que sucedieron. Y le reitero que no vamos a cesar en identificar las responsabilidades y aplicarles el rigor que corresponda de acuerdo a ley.
No habrá impunidad…
Definitivamente no habrá impunidad, pero también queremos que sea un proceso justo, en que se respete el debido proceso. Al Ejecutivo no nos corresponde la sanción penal, sino la sanción administrativa. El Ministerio Público está haciendo su trabajo y confiamos en que va a esclarecerse esta situación lo más pronto posible y se establecerá las sanciones que corresponde para los responsables.
¿Darán la información que pida el Ministerio Público?
El Ministerio del Interior tiene la consigna de dar toda la información que se requiera. Y le hemos pedido al ministro que nos dé cuenta de los avances de las investigaciones de Inspectoría para que el presidente esté al tanto. Las violaciones a derechos humanos tienen que sancionarse, eso no está en discusión, y para ello debe identificarse a los verdaderos responsables.
Por esas acciones los policías han pasado de héroes, por su accionar a raíz del Covid, a villanos ¿Cómo recuperar la confianza de la población?
Los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho al hacer esta diferencia. Hay una institución policial que siempre ha estado al servicio de las personas, con sus debilidades y fortalezas, pero en la etapa del Covid han tenido, y todavía tienen porque seguimos con esta enfermedad, un rol importante. En los momentos que estábamos más angustiados se aparecían en nuestros barrios, nos alegraban cumpliendo un rol que no necesariamente es su rutina. Los sucesos lamentables que terminaron con la muerte de dos jóvenes de 22 y 24 años respectivamente, han sido episodios que jamás debieron suceder. Inspectoría de la Policía Nacional está investigando, y no vamos a cesar hasta no identificar las responsabilidades. Esto no puede volver a pasar.
¿Qué directivas se han dado para las marchas que ya han empezado a anunciar los jóvenes?
El ministro del Interior, inmediatamente después de la juramentación ha tomado posición del cargo, y entre las primeras medidas está esclarecer los hechos, pero también tomar las prevenciones del caso para que no se repita. Porque esto no debió suceder nunca y se trata de hechos aislados, de un comportamiento de un grupo de personas que aparentemente ha tomado una decisión, o como dice usted, ha recibido una directiva. Todo eso se está investigando.
¿Cuándo estarán los resultados de la investigación administrativa?
No le podría precisar la fecha. Todo depende de la información que se vaya acumulando, pero nosotros queremos que sea en el más breve término, cumpliendo con todos los estándares del debido proceso. La Policía Nacional está colaborando de manera transparente con las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, y las investigaciones administrativas que está a cargo de Inspectoría, se están haciendo en coordinación con la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior.
Tras juramentar, el presidente tuvo el gesto de salir y saludar a los manifestantes que estaban fuera del Congreso ¿cómo plasmarán ese acercamiento en acciones concretas?
Ese es uno de los temas que vamos a ver en el Consejo de Ministros de la siguiente semana. Estamos viendo qué canales institucionales existen en los diferentes sectores para la participación ciudadana, y desde la PCM estamos diseñando mecanismos para poder canalizar estas agendas que están trabajando los jóvenes.
¿Ya tiene fecha para su reunión con la presidenta del Congreso y los representantes de otras bancadas? ¿se reunirán también con los gobernadores regionales?
Tenemos hoy reunión con los gobernadores regionales, y estamos coordinando para la próxima semana las reuniones con las bancadas del Congreso, pero también queremos reunirnos con las municipalidades. En el combate a la pandemia, en la reactivación económica, todas las entidades públicas tenemos que estar alineadas, coordinadas para poder lograr servicios más efectivos para la población.
Antes de asumir el premierato usted señaló que se requiere una política pública de prevención del feminicidio pero con recursos económicos ¿cómo lo aplicará en su gestión?
Una de las consignas que le hemos dado a la ministra de la Mujer es fortalecer las políticas de prevención y por supuesto, mejorando los servicios de atención a las personas que ya fueron víctimas de violencia. Es objetivo del Estado peruano, no solo de esta gestión gubernamental, porque esto es un mandato legal, pero además de los tratados internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para que Perú pueda impulsar iniciativas de prevención efectivas para que los hechos de violencia contra las mujeres, no se produzca. Esto requiere un esfuerzo multisectorial, porque hay que trabajar desde la educación, salud, la perspectiva de los derechos humanos. La entidad rectora es el Ministerio del a Mujer y Poblaciones Vulnerables, y tiene que trabajar de la mano con sociedad civil. Los comportamientos violentos se aprenden mediante la socialización, desaprenderlos es un gran desafío, pero si no se toman las medidas adecuadas vamos a vivir con este problema estructural lamentablemente, todavía por muchos años en adelante.
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