Hace dos meses la Comisión de Ética aprobó los informes de calificación y abrió investigación en seis casos que involucran a siete parlamentarios. Sin embargo, hasta el momento no hay avances en estos procesos y menos sanciones.
Algunos de estos se refieren al recorte ilegal del sueldo de una trabajadora, a proselitismo político en plena pandemia, al uso indebido de un vuelo humanitario y a la agresión verbal contra el presidente Martín Vizcarra.
A estos se suman procesos en etapa de indagación (previo a la investigación) contra once legisladores entre los que se encuentra Edgar Alarcón (UPP), por pedir las hojas de vida de los auditores que detectaron irregularidades en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.
Asimismo, recién está en agenda de esta comisión la denuncia de la congresista Arlette Contreras contra Martha Chávez (FP) por sus declaraciones racistas contra el expremier y actual representante del Perú ante la OEA, Vicente Zeballos.
Además está pendiente la reconsideración de la votación que encarpetó la investigación contra José Luna Morales (PP), en vista de que el voto que definió su archivamiento fue el de Aron Espinoza, quien no estaba aún acreditado como miembro de Ética. A Luna se le acusa de no haber depositado los beneficios sociales a sus trabajadores.
Respecto a los casos en los que ya se abrió investigación, hasta el momento no se ha citado a las partes involucradas ni se han celebrado audiencias.
El presidente de Ética, César Gonzales (SP), no respondió a nuestras llamadas para conocer las razones del atraso de estos procesos. Sin embargo, la vicepresidenta Mirtha Vásquez (FA) alegó que el problema radica en que en las últimas semanas no han podido sesionar los viernes porque la Mesa Directiva del Congreso programa los plenos ese día y no los jueves.
Vásquez informó que planteará el cambio de día de las reuniones y la implementación de sesiones extraordinarias. “Hay casos acumulados y ni siquiera ha empezado el proceso de investigación”, reconoció.
Entre los casos que se investigan figura el de Rosario Paredes (AP), quien habría exigido a una empleada que deposite la mitad de su sueldo a favor de otra trabajadora.
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Asimismo, el de Matilde Fernández (SP) y Juan de Dios Huamán (Frepap), quienes abordaron un vuelo humanitario de Cusco a Lima.
Otro es el de Marco Verde (APP), sorprendido cuando bebía licor en una reunión en pleno estado de emergencia. También, el de Norma Alencastre (SP), por atender una farmacia en Chimbote cuando ese día se instalaba la Comisión de Transportes, donde fue electa secretaria.
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Los otros dos casos corresponden a los congresistas de APP César Combina y Jhosept Amado Pérez. El primero entregó en Junín mascarillas con su apellido y el logo de su partido y el segundo insultó al presidente Martín Vizcarra.
La analista Giovanna Peñaflor dijo que las indagaciones que realiza la Comisión de Ética están en función de criterios políticos y no de los propios hechos que investiga. “Las denuncias no se ven por el tema ético sino por la agenda de la institución, de las agrupaciones, por las correlaciones políticas del momento. La evaluación de la comisión no está relacionada con la valoración de los hechos sino que trabaja en función de criterios más políticos”, aseveró.
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