A menos de un año de que se realicen las elecciones 2021, el Congreso aún no aprueba todos los proyectos de ley referidos a la reforma política.
El Parlamento deberá ver esos cambios hasta el 28 de septiembre. Si ello no ocurre, lo que se determine en materia electoral después de dicha fecha no tendrá vigencia en los próximos comicios.
Con el tiempo ajustado, la Comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade, aprobó el 1 de septiembre el dictamen de la ley que modifica, incorpora y deroga diversos artículos de la ley de organizaciones políticas, referidos al financiamiento.
El texto sustitutorio fue aprobado con 12 votos a favor, cuatro en abstención y un voto en contra. El siguiente paso será su debate y aprobación en el Pleno, lo que aún no es agendado.
El primer artículo del dictamen modifica diversas partes del Título VI “Del financiamiento de los partidos políticos” de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094).
En cuanto al financiamiento público directo, se establece que estos fondos puedan destinarse hasta en un 50% a gastos ordinarios.
Mientras que la diferencia (50% o más) debe ser usada en actividades de formación, capacitación e investigación, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres.
Sobre el financiamiento privado, se agregan medidas de transparencia en las actividades proselitistas y la obligatoriedad de recurrir al sistema financiero cuando un aporte supere el 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Asimismo, se obliga a los partidos políticos, las alianzas y los candidatos a informar de sus aportes en las fechas y dentro de los plazos fijados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Respecto a las fuentes de financiamiento prohibidas, la administración de los fondos de los partidos y su régimen tributario, las organizaciones tendrán que autorizar a la ONPE el acceso a sus cuentas bancarias.
Esta parte evitó ser incluida en una anterior versión del dictamen. No obstante, los congresistas Gino Costa y Mirtha Vásquez insistieron en su incorporación.
Por otro lado, en el artículo 34 se definen los criterios de verificación y control de los aportes, tanto a nivel de las organizaciones políticas como de la ONPE.
Se establece que los partidos políticos, de forma obligatoria, deben presentar dos informes financieros. El primero de ellos en forma concurrente al proceso electoral convocado.
Además, debe contarse con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en caso esta última se encuentre realizando una investigación.
Por último, se prevé la creación del Portal Digital de Financiamiento (PDF), que la ONPE debe poner al servicio de las organizaciones políticas para digitalizar los trámites de rendición de cuentas y presentación de informes.
La Bancada Morada solicitó a Manuel Merino, presidente del Congreso, que se agende una sesión plenaria especial para aprobar el impedimento de postulación de sentenciados en primera instancia, la eliminación del voto preferencial y la regulación del financiamiento de los partidos políticos.
El pedido fue reiterado por Francisco Sagasti, vocero de la agrupación parlamentaria, durante la última reunión de la Comisión de Constitución.
En esa línea, en el Pleno que se realizará este viernes 4 de septiembre se programó la segunda votación de la reforma que impide que sentenciados postulen a cargos públicos.
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