Advierten uso político de caso Lava Jato
Revisionismo. Jueces de la Corte Suprema acusan al exjuez Sergio Moro de decisiones políticas en procesos contra Lula. Asuntos Internos del Ministerio Público investiga a fiscales de Sao Paulo por direccionar investigaciones y escoger juez.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil excluyó la declaración del exministro Antonio Palocci del proceso al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores.
Por mayoría, con los votos de los jueces supremos Ricardo Lewandowski y Gilmar Mendes, la Corte Suprema señaló que ese documento fue incorporado por el juez Sergio Moro de manera ilegal, imparcial y con fines políticos.
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Precisaron que a pesar de que la confesión premiada de Palocci fue aprobada con tres meses de anticipación, Moro recién la incorporó y levantó el secreto seis días antes de las elecciones en Brasil, que ganó el presidente Jair Bolsonaro.
"Este retraso parece haber sido cuidadosamente planeado para generar un hecho político la semana anterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales", anotó Mendes.
Por su parte, Lewandowski dijo que ese hecho revela una práctica poco ortodoxa en los procesos contra el expresidente Lula, la cual viola el sistema acusatorio y las garantías constitucionales adversatorias y defensa.
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Un mes después de la elección de Bolsonaro, Moro anunció que había aceptado ser ministro de Justicia de su gobierno, cargo en el que se mantuvo hasta abril último.
En una segunda decisión, el tribunal supremo ordenó al juez de Curitiba que reemplazó a Moro, Luiz Bonat, que dé pleno acceso a la defensa de Lula a todos los documentos reservados de Lava Jato.
Investigaciones secretas
La decisión de la Corte Suprema de Brasil se produce en una semana en que han surgido diversos cuestionamientos al interior del Ministerio Público y el Poder Judicial a las estrategias de los fiscales de los grupos de tarea de Lava Jato.
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El 29 de julio, el procurador y fiscal general de Brasil, Augusto Aras, afirmó en una videoconferencia que el grupo de tarea de Lava Jato en Curitiba, que dirige el fiscal Deltan Dallagnol, tiene una base de datos a las que nadie más tiene acceso en el Ministerio Público.
"Es hora de corregir el lavajatismo. En todo el Ministerio Público Federal, el sistema único tiene 40 terabytes. El sistema de la Fuerza Especial de Curitiba tiene 350 terabytes y 38.000 personas con sus datos depositados, sin saber cómo estas personas fueron elegidas para ser investigadas", afirmó Aras.
La posición del fiscal general fue respaldada por el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli. Aras envió a la subprocuradora general a obtener una copia de esa base de datos, pero los fiscales de Curitiba le dijeron no.
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Entonces, Toffoli ordenó al grupo de Dallagnol compartir esa información con el Ministerio Público, pero la orden fue paralizada por el juez supremo Edson Fachin y está pendiente que se resuelva la apelación.
Elegir juez
El lunes 3 de agosto, Asuntos Internos del Ministerio Público Federal anunció el inicio de una investigación interna a la Fuerza Especial de Lava Jato en Sao Paulo por supuestamente direccionar las investigaciones.
La investigación encargada a la fiscal regional federal Raquel Branquinho tiene su origen en denuncias internas de otros fiscales y de la orden de abogados que cuestionan que la forma en que se distribuyen los casos busca tener jueces favorables.
Una situación complicada para Lava Jato en Curitiba
Sergio Moro y los fiscales de Lava Jato niegan un uso político del caso. “No entiendo está lógica de revisionismo, como si Lava Jato no representase algo extremadamente positivo”, dijo Moro.
La prensa brasileña considera que los fiscales son víctimas del apoyo popular y sus errores, al considerarse una fuerza moral capaz de influir y ser protagonista de la escena política.
En tanto, políticos y juristas los acusan de desarrollar una “guerra jurídica”, mientras que una filtración de mensajes de Telegram reveló que los fiscales buscaron beneficiarse de los procesos.