Para Oswaldo Zegarra, titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo aprobado la noche del viernes en el pleno del Congreso es la mejor prueba de que un sector de parlamentarios que representarían intereses de universidades con licenciamiento denegado quieren “petardear la reforma universitaria”.
De otra forma, según Zegarra, no se explica cómo insistieron y convencieron a la mayoría de bancadas del Parlamento para dar facultades de comisión Investigadora a la comisión de Educación.
La noche del viernes, 101 parlamentarios respaldaron la iniciativa del congresista Orestes Sánchez (Podemos Perú), la cual había sido aprobada previamente en la comisión de Educación. Según esta propuesta, se debe investigar a la Sunedu durante 120 días por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).
Aquella noche, solo 16 legisladores votaron en contra y hubo ocho abstenciones.
De acuerdo con Zegarra, lo del viernes “es la confirmación de una crónica anunciada que tiene como protagonistas a parlamentarios que quieren petardear la reforma universitaria, atacando el primer peldaño de este sistema: la Sunedu”.
En diálogo con La República, señaló creer que detrás de esta nuevo intento por afectar la reforma universitaria estarían algunas de las 46 universidades con licenciamiento denegado.
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Dijo además que al cuestionar al titular de la Sunedu de entonces (Martín Benavides) y a él, los parlamentarios no logran entender que las decisiones en esa entidad las toma el consejo directivo y no el superintendente.
Y respecto al caso de la UTP y la UPAL, reiteró que la Ley Universitaria establece dos modelos para que se licencien las instituciones: una es sin alumnos matriculados, a las que se les exige que demuestren el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC), como infraestructura, docentes y laboratorios para un mínimo de dos años, además de proyectos financiados para los otros tres años.
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Y la otra es la evaluación a entidades que ya operan, a las que se les exige condiciones básicas de calidad, como infraestructura, docentes calificados, plan de estudios, filiales óptimas, financiamiento, etc.
“Estamos listos para ser citados. Tenemos los 60 mil folios del licenciamiento de la UTP, y los 12 mil de la UPAL, no hay nada que ocultar”, concluyó.
Reacción. El ministro de Educación, Martín Benavides, dijo que existe una campaña de desprestigio contra la Sunedu, y que le preocupa un retroceso en la reforma universitaria. Y la ministra María Alva dijo que el papel de la Sunedu es clave. “No retrocedamos”.
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