Tres reformas en riesgo por desidia del Parlamento

Tres propuestas de reforma política quedarían estancadas si este martes la Comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade (APP), no logra aprobar los predictámenes de los proyectos sobre impedimentos para que postulen sentenciados en primera instancia, inmunidad parlamentaria y eliminación del voto preferencial.

Sin ello, estas iniciativas no podrán pasar a votarse en el pleno del Congreso antes del 5 de julio, fecha en que vence la primera legislatura.

Las dos primeras propuestas son reformas constitucionales y requieren 87 votos en el Hemiciclo, en dos legislaturas. Si hasta el domingo no reciben luz verde del Parlamento, no serán aplicables en el 2021.

De este modo, las personas sentenciadas en primera instancia podrían postular y luego aferrarse a la inmunidad.

Por eso, el congresista del Partido Morado (PM) Gino Costa solicitó a Chehade priorizar en la sesión del martes 30 el debate de los predictámenes de estas dos reformas constitucionales.

Sobre el impedimento para que postulen sentenciados, cabe recordar, el anterior Parlamento lo aprobó en primera votación, pero con la disolución del Legislativo el proceso quedó suspendido y tuvo que retomarse desde el principio en este periodo.

Para Costa, no obstante, “sería increíble que no se pueda aprobar una reforma constitucional importante para la lucha anticorrupción que el Congreso anterior aprobó por 87 votos”. Costa recordó que este tema viene discutiéndose desde inicios del 2019.

Según el vocero de Somos Perú (SP), Rennán Espinoza, la secretaría de la Comisión de Constitución le informó que sí habrá predictámenes listos para mañana. Sin embargo, Omar Chehade no confirmó esa información.

La otra disyuntiva radica en las posiciones de las bancadas. Espinoza y la acciopopulista Rosario Paredes apoyan cambiar la Constitución para evitar que postulen condenados. En cambio, su colegas Guillermo Aliaga y Mirtha Vásquez, del Frente Amplio (FA), alegan que solo es necesario agregar esa prohibición en las leyes electorales.

Respecto a la inmunidad parlamentaria, existen propuestas de Acción Popular para que sea otra institución distinta al Congreso la que se encargue de levantar el fuero de los legisladores procesados. Somos Perú y el Frepap, en cambio, buscan eliminarla. Mientras que el FA y Fuerza Popular consideran que la potestad debe quedar en manos del Legislativo.

Una reforma incompleta

La votación sobre la eliminación del voto preferencial no prosperó debido a maniobras internas, primero de Omar Chehade en la Comisión de Constitución, y luego de Luis Valdez cuando le tocó asumir la conducción de la sesión. Ambos son integrantes de Alianza para el Progreso.

Sin la eliminación del voto preferencial, la reforma sobre paridad y alternancia sigue siendo incompleta. Por ello, el Partido Morado insistirá esta semana y ya cuenta con un nuevo proyecto que además tiene firmas de legisladores del Frente Amplio y Unión por el Perú.

El vocero del PM, Francisco Sagasti, adelantó que pedirá a la Mesa Directiva que la iniciativa sea exonerada de pasar por la Comisión de Constitución para que se discuta de frente en el Pleno. La propuesta contaría con el respaldo de Somos Perú y el Frepap. Sumando sus votos, llegan a 56. Pero necesitan 67, como mínimo.

Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, con Daniel Urresti al frente, si bien en el Pleno emitieron discursos en favor de las mujeres y votaron a favor de la paridad y alternancia, en la práctica no apoyan la reforma integral con la eliminación del voto preferencial.

Un tercer partido que no apoya una reforma completa es Acción Popular. Ayer su vocero alterno, Ricardo Burga, manifestó que mientras no se modifique la ley electoral para definir cómo serán las elecciones internas este año, apoyarán mantener el voto preferencial.

Enfoque: Promover un Parlamento íntegro

Iván Lanegra | Transparencia

Las reformas de la inmunidad parlamentaria y el impedimento para que postulen los sentenciados en primera instancia buscan promover una representación política íntegra. Establecer este impedimento, al ser una restricción del derecho a la participación política, requiere de una reforma constitucional. Si se estableciera solo por ley, cabría la posibilidad de que esta norma fuera objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, alegando que la ley incorporaría una limitación al ejercicio de la ciudadanía, no prevista en la Constitución, y estaría yendo contra la presunción de inocencia.

También podríamos tener a postulantes interponiendo acciones ante las autoridades electorales -incluso ante el Poder Judicial- pidiendo la inaplicación de dicha ley por las mismas razones. Esto generaría incertidumbre y no ayudaría al buen desarrollo del próximo proceso electoral.

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