Política

Manuel Merino sobre caso Chávarry: “En este periodo parlamentario no hay blindaje”

El titular del Congreso consideró que se realizó una "falsa alarma" sobre lo que sucedió en la víspera en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Manuel Merino señaló que la ley del retiro del 25 % de las AFP son en beneficio de la población. Foto: Melissa Merino/La República.
Manuel Merino señaló que la ley del retiro del 25 % de las AFP son en beneficio de la población. Foto: Melissa Merino/La República.

El presidente del Parlamento, Manuel Merino, negó este martes que la actual representación legislativa haya “blindado” al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, tal como lo habían denunciado integrantes de las bancadas de Partido Morado y Frente Amplio.

Lo manifestado por Merino está referido a la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en la víspera decidió no volver a revisar imputaciones que fueron archivadas por el Congreso disuelto.

Al respecto, en diálogo con Radio Nacional, el titular del Parlamento indicó que no se siente preocupado por ello, ya que, según consideró, el procedimiento que desarrolló el grupo de trabajo que dirige Luis Roel, de Acción Popular, fue “formal” y que lo manifestado por Partido Morado y Frente Amplio es una “falsa alarma”, por lo que pidió no preocuparse.

“Lo que pasa es que se está haciendo una falsa alarma. He conversado con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Luis Roel, y lo que él está haciendo es el procedimiento formal que corresponde. [...] Creo que hay que esperar con calma, en las redes ayer, prácticamente, se ha puesto en alerta algo que no existe. En este periodo parlamentario no hay blindaje, en absoluto. Creo que no hay de qué preocuparnos”, expresó.

Cabe mencionar que esa subcomisión decidió en la referida jornada continuar con el trámite de la denuncia constitucional que presentó la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, en contra de su predecesor Pedro Chávarry, por la irrupción en las oficinas lacradas de la sede principal de la Fiscalía.

La crítica a esta decisión está vinculada a que el delito por el que se le investigará será el de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años, mientras que las que fueron archivados por el anterior Parlamento eran más graves.

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