Piden ver casos de reos con prisión preventiva
Emergencia. El INPE cierra el penal Sarita Colonia en el Callao. La Defensoria del Pueblo pide evaluar las prisiones preventivas para descongestionar los penales.
El INPE cerró el centro penitenciario Sarita Colonia y dispuso asilar en un ambiente especial a 160 reclusos adultos mayores, luego que falleció un reo con síntomas de coronavirus y otros cuatro que dieron positivo a una prueba rápida de COVID-19.
Los 160 reclusos fueron aislados en un ambiente adyacente al centro penitenciario, el local de investigaciones del INPE. La autoridad penitenciaria informó que se trata de todos los adultos mayores de 60 años del penal Sarita Colonia, que están en la población de riesgo.
En otros ambientes del mismo penal, el área administrativa, la capilla y el auditorio, fueron acondicionados como zona de aislamiento para los cuatro reclusos confirmados con Covid-19 y otros que pudieran aparecen en los siguientes días.
También se han habilitado los patios del penal para descongestionar los pabellones.
¿Cómo se infectaron si desde el 16 de marzo ya no había visitas en los penales?
El primer sospechoso es el personal penitenciario, luego de que un trabajador del INPE de la Carceleta Judicial de Lima dio positivo. Otras fuentes indican que pese a la restricción de visitas, estas se seguían produciendo pues la Oficina de Informática del INPE no cortó el control biométrico de visitas. De esta manera, algunos reos “privilegiados” las seguían recibiendo.
Horas antes del cierre del penal, La República pudo contactar con un interno del penal: "Han sacado cuatro que ya no han regresado, pero como no tienen lugares donde tenerlos, los retornaron al patio y allí estamos deambulando, hacinados, contagiándonos entre nosotros”, indicó por vía telefónica. Agregó que solo hay un médico en el penal.
“Nos han dicho que solo nos apersonamos cuando nosotros mismos veamos que tengamos 40° de fiebre, dicen que cuando tengamos fiebre alta, pero nadie nos mide la temperatura, no hay termómetros”, refirió.
Prisión preventiva para descongestionar
La Defensoría del Pueblo y abogados de los reclusos han pedido al Poder Judicial atender las apelaciones a los reclusos con prisión preventiva y que se evalúen otras medidas restrictivas de libertad, como una forma de reducir la población penitenciaria. El penal Sarita Colonia es uno de los penales más hacinados del país, con 3.222 reclusos.
Luego que el 16 de marzo el gobierno decretó la cuarentena las apelaciones de los reos con prisión preventiva quedaron en suspenso. El Poder Judicial no incluyó este tema entre los asuntos que tendrían que resolver los juzgados especiales de emergencia que se han instalado en el país para atender casos de flagrancia, violación a la cuarentena y otras emergencias.
Las Salas Penales de la Corte Suprema verán algunos casos de exaltos funcionarios del estado con restricción de libertad. La Corte Penal Nacional resolvió un recurso de cese de prisión preventiva del exprimer ministro César Villanueva. El Poder Judicial no ha mostrado más amplitud.
Cientos de ciudadanos que cumplen prisión preventiva esperan que sus casos sean revisados. El 36.5% de los reclusos en las cárceles del Perú aun no tienen sentencia, según las estadísticas del INPE. Están privados de libertad a la espera que concluyan las investigaciones y se les lleve a juicio.
La Defensoria del Pueblo considera que con un alto hacinamiento en los penales, ante el riesgo del COVID-19, ver las apelaciones o ceses de prisión preventiva podrían ayudar a descongestionar los penales. Al menos se podría revisar los casos por delitos no violentos o dónde los procesados no representan un mayor peligro a la sociedad, estando libres.
