El gobernador regional de Huancavelica, Maciste Alejandro Díaz Abad, fue condenado en primera instancia a cuatro años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión simple, por una compra irregular de computadoras portátiles realizada en su gestión anterior (2011-2014).
El Juez Carlos Antonio Samaniego Espinoza, del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, tomó la decisión del caso que alcanza a César Jorge Altamirano Flores, Aarón Benjamín Caro Espinoza, Ciro Soldevilla Huayallani y Eduardo Félix Candiotti Munarriz.
En cuanto al imputado Guido Efraín Quispe Escobar, se le condenó también por usurpación de funciones, en agravio del Estado. Todos los involucrados fueron inhabilitados de toda función pública por el mismo periodo de la condena.
La información fue confirmada a La República por el titular de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica, Alfredo Hilario Morán. El ahora sentenciado fue reelegido en el mayor cargo de la región para que vuelva a gobernar desde el 2019.
Según se conoció, la lectura del resumen del fallo se dio el jueves por la tarde y recién para el 11 de febrero fue programada la audiencia para la lectura íntegra de la sentencia que incluye a otros siete exfuncionarios de confianza de Díaz Abad entre ellos César Jorge Altamirano Flores, Arón Benjamino Caro Espinoza, Ciro Soldevilla Huayllani y Eduardo Félix Candioti Munariz, para quienes también se dispuso 4 años de cárcel.
Asimismo, a la contratista extraneus Carmen Beatriz Gallardo Mulatillo se le impuso a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y la pena de multa, como cómplice del delito de colusión simple.
Si bien la condena es de cuatro años de cárcel efectiva, fuentes de Huancavelica informaron que, si Díaz Abad o los otros sentenciados deciden apelar, el cumplimiento de la pena estaría sujeto a la confirmación de la misma en segunda instancia.
Esto debido a que el criterio adoptado por el juez a cargo del caso es que la pena de cárcel se haga efectiva cuando la sentencia haya sido declarada consentida y ejecutoriada.
Mientras tanto, el gobernador regional Maciste Diaz Abad y los otros sentenciados tendrán que cumplir otras medidas de comparecencia. Los sentenciados deberán pagar S/ 200 000 como reparación civil, en forma solidaria, en vía de ejecución de sentencia.
Los hechos se remontan al primer periodo de gestión de 2011 – 2014, cuando Maciste Díaz Abad ejecutó el Proyecto TIC’s “Mejoramiento de la Aplicación de Tecnología de Comunicación de las Instituciones Educativas Nivel Inicial, Primario y Secundario de la Región Huancavelica”.
Para esta planificación se adquirió 8,994 computadoras portátiles, con cuya compra se habrían producido actos de concertación del gobernador y los demás funcionarios con la empresa favorecida modificando la forma de licitación pública a convenio marco.
De esta manera excluyeron los adicionales de maletín, mouse, usb y logrando reducir los años de la garantía. Este accionar fue detectado por la Contraloría General de la República.
La autoridad también es investigada desde el 2018 por haber ordenado la entrega ilegal de S/ 1 millón 669 000 884 37 soles al Consorcio Angaraes, el cual debía realizar la construcción del Puente Anccara en el año 201, por concepto de adelanto directo y de materiales.
Diaz Abad en su primera gestión permitió el desembolso a pesar que el consorcio presentó cartas de fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (COOPEX), las que carecían del respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Como resultado, la obra se paralizó y el dinero que se entregó no se devolvió a la región.
Por este hecho, la Fiscalía denunció por colusión agravada a Maciste Diaz; Rodolfo Orellana Rengifo, fundador de Coopex y quien fue condenado a seis años por esta creación; y contra José Antonio Valderrama Contreras, gerente de Coopex.