Liz Ferrer Rivera
El sistema de corrupción que imperó en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en la gestión pasada, tuvo entre sus modalidades favoritas para sustraer el presupuesto público, los servicios simulados.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción detectó más de diez servicios para elaboración de manuales, consultorías o directivas, que costaron miles de soles, pero que nunca se realizaron.
La mayoría de estos servicios detectados se dieron en diciembre de 2015. En el pedido de prisión preventiva de la fiscalía contra las exautoridades, se detalla que, por ejemplo, el 30 de diciembre de ese año, se le pagó al profesional de iniciales O. G. V. E. la suma de S/21 160 por elaborar dos documentos. El primero de ellos era el Manual para la Eliminación de Barreras Burocráticas y el segundo era una “Consultoría para la elaboración de bases estandarizadas para procesos de selección”.
Este mal profesional confesó a la fiscalía que solo prestó su perfil profesional a los funcionarios de Ilabaya, para que elaboren las cotizaciones. Después, fue convocado a cobrar los cheques de S/10 580 cada uno en el Banco de la Nación, en la ciudad de Tacna. Al salir de la entidad, una trabajadora del municipio le daba S/1 800 por su “servicio” y se llevaba el dinero.
Entre los servicios que se mandaron a realizar, están el Manual para la Atención Ciudadana (costo S/10 580), el Manual para el Registro de Sanciones de Destitución y Despido (S/10 580), y "Directivas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual" (S/9 000).
También la Fiscalía encontró que la gestión del exalcalde Luis Cerrato Tamayo encargó la elaboración del Manual para la Evaluación de Personal (S/11 000) y el documento con el título “Evaluación de reglamento de asistencia, puntualidad y permanencia de los servidores” (S/11 000). Este último, según los colaboradores eficaces, era un servicio simulado para pagar los servicios como asesor del abogado Hugo Aduviri Soto.
“Aduviri era el poder tras las sombras. Todo 2015 estuvo en el municipio, asesorando al alcalde en sus casos personales. No podía trabajar porque tenía una inhabilitación en Contraloría”, señaló un testigo codificado.
El 22 de diciembre, también se ordenó una "Consultoría para tusado de ganado", es decir, un asesoramiento para trasquilar ganado. Se pagaron S/6 100.
El más escandaloso es el “Servicio de evaluación de las medidas que afectan la gestión edilicia de los programas de inversión...”, cuyo título de cinco líneas no tiene coherencia alguna, pero costó S/32 126.
En la mayoría de los servicios simulados, los profesionales que confesaron haber prestado sus nombres señalan al exgerente de Administración, José Luis Arocutipa, como el autor de estos ilegales trámites.
Hasta el cierre de esta edición, continuaba la audiencia de prisión preventiva contra siete personas, entre ellas Cerrato y exregidores.