Por: Diego Quispe Sánchez
La fiscal suprema Bersabeth Revilla sustentará mañana, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la denuncia de encubrimiento real contra su homólogo Pedro Chávarry.
El 15 de agosto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, oficializó la denuncia penal contra Chávarry Vallejos. Y luego el caso pasó a manos de Revilla.
La imputación se basa en la acusación aprobada en el Pleno del Congreso el 24 de julio. Ese día, en el Hemiciclo se ratificó denunciar al ex fiscal de la Nación por encubrimiento debido a que intentó destituir del Equipo Especial Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, el 31 de diciembre del año pasado.
Sin embargo, como se sabe, Chávarry es fiscal supremo. Por ende, el peligro de que use su cargo para entorpecer la pesquisa de Revilla es inminente.
Un ejemplo de esa actitud es que el último viernes, junto a sus colegas Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Chávarry solicitó a la fiscal Ávalos que retire a Vela y Pérez del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato.
Los tres fiscales supremos, vinculados a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, consideran que Vela y Pérez negociaron mal el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Por eso, el domingo 18, el congresista Gino Costa advirtió un posible boicot del ex fiscal de la Nación. Lo ideal para Costa es que el Ministerio Público (MP) solicite a la Sala Suprema la suspensión de Gonzalo Chávarry.
Su recomendación se basa en el artículo 297 del Código Procesal Penal (CPP): el juez, a pedido del fiscal, podrá dictar medidas de suspensión cuando exista “peligro concreto de que el imputado […], por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad”.
Para el abogado penalista Carlos Caro, se trata de una medida viable. “No es un delito que implique prisión preventiva, pero por el manejo de información (al ser fiscal supremo) sería una disposición idónea”, explicó.
El abogado Luciano López, por su parte, sostuvo que es inaceptable que un fiscal supremo tenga un cargo en contra de tal naturaleza: encubrimiento real. “Y tomando en cuenta que no existe todavía Junta Nacional de Justicia (JNJ), se incrementa la necesidad de interponer la suspensión”, enfatizó.
La suspensión de Chávarry depende exclusivamente de que la fiscal Revilla lo solicite. “Tiene que haber un acto de petición de la fiscal de todas formas porque el juez no puede actuar de oficio”, recalcó López.
El magistrado a cargo de la sala suprema que verá el caso Chávarry es Hugo Núñez Julca, conocido por haber anulado el indulto de Alberto Fujimori el 4 de octubre del año pasado.
Además, en lo que va del 2019, el juez ya ha suspendido a fiscales y jueces vinculados al crimen organizado.
El 17 de marzo suspendió por tres años a los jueces Luis Paredes Narva y Saún Beltrán Reyes por el caso ‘Los Cuellos Blancos’. Y el 25 de junio dispuso la misma medida por dos años contra el fiscal supremo adjunto Sandro Paredes por su presunta relación con la organización criminal ‘Los Malditos de Angamos’.
Paredes fue suplente del fiscal supremo Rodríguez Monteza, quien el 3 de julio se pronunció a favor de la casación que liberaría a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
- El 24 julio el Pleno del Congreso, con votos de Fuerza Popular, del Apra y sus aliados políticos, rechazó que el fiscal Chávarry sea investigado por organización criminal y tráfico de influencias, y que sea suspendido de sus funciones. Solo aprobaron la denuncia constitucional por encubrimiento real. Así lo favorecieron. Si el Parlamento hubiera respaldado su inhabilitación, actualmente no sería necesario que la Fiscalía Especializada en Delitos de Altos Funcionarios Públicos solicite que lo suspendan del cargo mientras se realizan las investigaciones.