Fiscalía detecta irregularidades en empresas de Joaquín Ramírez
La investigación del fiscal Wilson Salazar al exsecretario general de Fuerza Popular también abarca la adquisición de inmuebles a través de sus empresas, las compañías de sus familiares que brindaron servicios a la Universidad Alas Peruanas y las propiedades cedidas al partido fujimorista.
Para el 25 de julio se había conocido que durante esa semana el fiscal Wilson Salazar había formalizado la investigación preparatoria contra el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por presunto lavado de activos. La indagación del excongresista naranja no solo involucra a su partido, también a sus familiares y a la Universidad Alas Peruanas.
Cuarto poder ha señalado en parte de la investigación al empresario fujimorista, que fue reabierta en noviembre del 2017 tras ser la apelación de la Procuraduría por el archivamiento del caso en septiembre de ese año, entonces a cargo de la fiscal Sara Vidal.
Los tres presuntos grupos, entre ellos un congresista
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal estaría compuesta por tres grupos, entre los que se encuentran la familia Ramírez y Fuerza Popular.
En el primer grupo estaría conformado por el fallecido Fidel Ramírez, exrector de la Universidad Alas Peruanas y tío de Joaquín Ramirez. También estarían la viuda Nancy Gallegos y sus hijos Nancy y Maribel.
El segundo grupo están de Joaquín Ramírez y su hermano Osías Ramírez, actual congresista, por parte de Fuerza Popular.
En el tercer grupo aparecen los vínculos con Fuerza Popular. A cargo estaría Keiko Fujimori e integrado por el Pier Figari y Jaime Yoshiyama –los tres se encuentran en prisión actualmente–.
La empresa de grifos Cogeco
La empresa Cogeco fue constituida en el 2005 por Osías Ramírez. Tenía mil soles de capital al inicio, aunque para el 2007 se puso 400 mil soles; para el 2008, 203 mil; y para el 2010, 433 mil. Justamente en este último año Joaquín Ramírez pasó a ser apoderado de la cadena de grifos. En 2015, inyectó un millón 260 mil soles.
Según el Ministerio Público, la empresa habría realizado actos de conversión, de lavado de activos, por la compra de seis inmuebles, entre el 2010 y 2015, por un total superior a 2 millones y medio de dólares. Asimismo, se presume ocultamiento con el alquiler de dos terrenos por 99 años, de Lima Ingeniería y Construcción, del exsecretario de Fuerza Popular, a Cogeco.
Fuerza Popular, los 15 millones de dólares y las dos propiedades
Desde la Fiscalía se maneja la tesis de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presuntamente obtuvo 15 millones de dólares como “remanente de aportes presuntamente ilícito”. Este dinero se habría entregado a Joaquín Ramírez “a fin de que sean invertidos en su cadena de grifos con la finalidad de darle apariencia de legalidad”.
Del dinero recibido se habrían adquirido dos inmuebles: Lima Ingeniería y Construcción compró por 190 mil dólares en agosto del 2012 una vivienda ubicada en la cuadra 5 del jirón Bucaré en Surco, donde se realizaban las reuniones fujimoristas en la época parlamentaria de Ramírez y donde hacía la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Para enero del 2013 se cedió la residencia a Fuerza Popular.
Ramírez adquirió otra vivienda, en Miraflores, mediante su empresa Mondreau. Adquirió la propiedad por 300 mil dólares y después de dos años lo cedió al partido fujimorista.
“Se tiene que la organización criminal habría destinado parte del patrimonio de su brazo comercial liderado por Joaquín Ramírez para beneficio, uso y disfrute de la organización política Fuerza Popular liderada por su presidenta e investigada Keiko Fujimori la que habría consentido su recepción a sabiendas que dichos inmuebles provenían de las empresas de su coinvestigado Joaquín Ramírez y de los actos ilícitos realizados a través de estas”, se indica en el expediente fiscal.
Alas Peruanas y las empresas de los Ramírez
31 empresas fueron constituidas por Fidel Ramírez, su esposa, su hija y por Joaquín Ramírez, aunque para el Ministerio Público el objetivo sería “convertirse en proveedores” de la Universidad Alas Peruanas. Brindaron servicios a la casa de estudios y recibieron más de 361 millones de soles, entre el 2002 al 2017, aunque la mayor parte del dinero fue desde el 2013.
Según la Fiscalía, los miembros de esta universidad “tenían un conflicto de intereses para celebrar contratos con dicha casa de estudios (…) a través de sus empresas o por intermedio de sus familiares, sin embargo, haciendo caso omiso a esa prohibición y sin contar con la anuencia de su directorio han establecido relaciones comerciales, las cuales analizadas en cada caso evidencian irregularidades con contenido penal vinculados en principio a una administración fraudulenta”.
Asimismo, el Ministerio Público ha detectado cinco préstamos de Alas Peruanas a las empresas de Joaquín Ramírez entre 2014 y 2015 y por más de 8 millones de soles. El que recibió el mayor monto es a Habitaria S.A.C. por 4 millones 295 mil soles, transferidos en agosto del 2014. Al resto de compañías se le entregó un millón a cada una.
En enero del 2019, la contadora de las empresas de Ramírez, Magaly Ramos, había declarado en enero a la Fiscalía que los pagos del préstamo se encontraban “pendientes”. La información, según el Ministerio Público, había sido ocultada a auditores externos. “Habrían incurrido en fraude en la administración de la universidad Alas Peruanas al ocultar información a los auditores externos respecto a la verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, ya que en ellas la sociedad auditora no ha evidenciado las cuentas por cobrar respecto a la deuda que las empresas de Joaquín Ramírez mantiene con Alas Peruanas”, sostiene la Fiscalía.
Los inmuebles adquiridos y vendidos
La Fiscalía también investiga las adquisiciones de inmuebles hechas por la Universidad Alas Peruanas.
La casa de estudios adquirió una propiedad en San Isidro por 800 mil dólares en mayo del 2006 y la vendió al mismo precio en febrero del 2012 a Lima Ingeniería y Construcción de Joaquín Ramírez, quien lo revendió en agosto del 2012 a 12 millones. Actualmente el lugar está en venta.
La primera venta se pudo lograr, según declaró Ramírez a la Fiscalía, por un acuerdo en documento de opción de compra. Logrando “congelar el precio de venta de 38 a 40 meses aproximadamente”, además de “minimizar el riesgo en que la universidad pudiera en algún momento hacer alguna carga sobre la partida registral”.
El documento para confirmar dicho acuerdo solo es, sin embargo, una copa notarial. “El documento mencionado por Joaquín Ramírez sería inexistente y que su presentación (en copia) respondería a una necesidad de dotar de legalidad un hecho que no se habría producido en la realidad”, se señala en el documento fiscal, por lo se trataría de “acciones fraudulentas”.
Asimismo, se investiga la compra realizada por la universidad de dos inmuebles, uno en Chaclacayo y otro en Villa María del Triunfo.
El primero se adquirió a por 114 mil dólares en el 2008 mediante Lima Ingeniería y Construcción. Se vendió en julio del 2009 a Alas Peruanas por 1,5 millones de soles. Incluso, el exsecretario de Fuerza Popular utilizó el inmueble en el 2014 junto a su esposa Rosa Castañeda Cubas con el presunto objetivo de beneficiarse de un crédito de cinco millones de soles.
