Minería ilegal crece pese a operativos de interdicción

Un delito que superó al narcotráficoAumenta la criminalidad. Según reportes del Ministerio Público, el número de investigaciones por la extracción ilícita de minerales, especialmente de oro, ha crecido a pesar de operativos policiales.,Minería ilegal crece pese a operativos de interdicción,Minería ilegal crece pese a operativos de interdicción,Las 236 operaciones de interdicción contra la minería ilegal ejecutadas en los últimos cuatro años no han logrado reducirla. La extracción mineral al margen de la ley, en lugar de bajar debido a las acciones represivas y de incautación, no han mermado el auge de un negocio que mueve mucho más dinero que el narcotráfico, de acuerdo con cifras oficiales. En 2014, se cumplieron 72 operativos de interdicción. En 2015 bajaron a 63. En 2016 solo llegaron a 51 operativos. Y en 2017 fueron 50. Del total de 236 acciones, casi la mitad se hicieron en Madre de Dios (107), de acuerdo con la base de datos del Ministerio del Interior. PUEDES VER Poder Judicial: las preocupantes cifras de delitos ambientales en Madre de Dios Es decir, cada año se ejecutan menos acciones de interdicción contra la minería ilegal, lo que explicaría que la medida disuasiva no tiene un efecto sostenido. Y no se trata de falta de fondos. En los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski se destinaron 163 millones 719 mil 158 soles para financiar el despliegue de las fuerzas del orden y destruir las instalaciones clandestinas de los mineros ilegales. La cifra representa nueve veces más respecto a los recursos dirigidos a la formalización de los mineros, proceso que avanza muy lentamente. El incremento de la presencia de la actividad minera ilícita en aéreas naturales protegidas, así como las investigaciones abiertas por el Ministerio Público por este delito, comprueban que la minería ilegal va en aumento. La tasa de criminalidad por el delito de minería ilegal se elevó a un ritmo de 200 casos por año. Según información del Ministerio Público, para diciembre de 2017 se registraron 1,097 investigaciones relacionadas con la extracción ilícita de minerales, en particular oro. En 2014, año en que el gobierno de Ollanta Humala aprobó la estrategia nacional para combatir la minería ilegal –que lejos de ser un conjunto de acciones multisectoriales que redujeran el problema, se centró solo en la interdicción–, el Ministerio Público registró 571 casos investigados por minería ilegal. Para el 2015 la cifra se elevó a 745 y en 2016 a 956. Para diciembre de 2017, subió a 1,097 casos. Para el ex director general de Formalización Minera, Máximo Gallo, estas cifras reflejan que la estrategia se ha enfocado exclusivamente en la persecución del delito en las zonas de extracción del mineral, sin prestarle mayor atención a otros factores claves, como el financiamiento y la comercialización. “Los operativos policiales de interdicción (regulares y megaoperativos) no han tenido el poder disuasivo para evitar el reingreso de mineros ilegales a las zonas de operación, luego de que estos fueron desalojados. La estrategia destina la mayoría de recursos al uso de la fuerza a pesar de ser este un problema con un componente social muy fuerte, que requiere del uso combinado de mecanismos de intervención para evitar que la minería ilegal y delitos conexos penetren la economía de las localidades ubicadas en las zonas de minería ilegal”, señaló Gallo. Roger Ponce, experto en minería ilegal y crimen organizado, señaló que la estrategia gubernamental debe de ser llevada de manera multisectorial y desde diversa óptica para resolver el problema. “Frente a una política punitiva de interdicción la tasa de criminalidad debió de haber bajado. Pero no sucedió así, por el contrario, aumentó. La estrategia del Estado no ha dado los resultados esperados y pese a ello se sigue pensando sólo en interdicciones, las que no van a solucionar el problema de raíz. Aquí debe existir una estrategia donde intervengan, de forma coordinada, varios sectores del Estado y no solo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, todo ello con la finalidad de tener una mirada del problema más real, del punto de vista económico y social preventivo. Está demostrado que la mejor política criminal es la política social”, afirmó. Todo sube Según datos oficiales, hasta hoy el presupuesto que entrega el Estado al Ministerio del Interior para combatir la minería ilegal se resume en dinero para acciones de interdicción. Es decir, todo se orienta a destruir las máquinas y arrestar a los trabajadores. No se tocan a las cabezas de las organizaciones criminales. Estas acciones debieron traer como resultado que la tasa de criminalidad del delito bajara, pero más bien se incrementaron las hectáreas deforestadas por la presencia de la minería ilegal en áreas naturales protegidas. La minería ilegal de oro constituye la principal actividad en el país y la principal amenaza de lavado de activos, superando ampliamente al narcotráfico. El crecimiento vertiginoso del contrabando de oro se ha convertido en una de las principales fuentes de activos ilícitos. De acuerdo con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la detección de lavado de activos en minería ilegal en el año 2012 alcanzó los 1.020 millones de dólares frente a los 432 millones de dólares procedentes del narcotráfico. En 2013, el dinero de la minería ilegal destinado al lavado de activos aumentó a 1.525 millones de dólares, mientras que el dinero del narcotráfico alcanzó los 443 millones de dólares. En 2014 la brecha se hizo más grande: 4,290 millones de la minería ilegal en comparación con los 521 del narcotráfico, Y en 2015 se elevó ligeramente a 4.377 millones frente a los 770 millones de dólares del tráfico ilícito de drogas. Pobres resultados “Desde hace algunos años, la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico como actividad más rentable respecto al crimen organizado en América Latina. Nuestro país junto con Colombia han aumentado su riesgo-país por permitir que se realicen estas actividades ilegales. Si no se garantiza la presencia permanente del Estado y la participación social en el territorio operado por los ilegales, de nada valdrán las interdicciones”, sostuvo Máximo Gallo. No obstante el grave daño ocasionado por la minería ilegal al medio ambiente, solo existen 67 sentencias condenatorias por este delito en todo el país. Siete casos corresponden a Madre de Dios. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las prisiones del país no hay un solo recluso purgando condena por minería ilegal, debido a que, como implican condenas menores, estas son suspendidas. Sobre casos de lavado de activos provenientes de la minería ilegal, se registran 190 procesos, siendo las regiones de Puno y Madre de Dios las que lideran el ranking con 59 y 45 casos, respectivamente. A pesar que en octubre de 2016 se incorporó el delito de minería ilegal a la Ley de Crimen Organizado, con la finalidad de que se identifique a las organizaciones que operan, hasta hoy no existe un solo caso de minería ilegal investigado bajo esta figura. En cifras - 163 millones 719 mil 158 soles entregó el Estado a acciones de interdicción para su lucha contra los mineros ilegales. - 23 millones 800 mil 385 soles se destinó para la formalización de mineros informales.