Al margen de la turbulencia que genere el caso lava jato.,Aunque el país requiere estabilidad para progresar, necesita hacerlo con decencia, así que, por más turbulencia que produzcan las revelaciones de lava jato, se debe avanzar las investigaciones caiga quien caiga, de acuerdo a ley, y sin ninguna interferencia política. Esto significa hacer justicia sin usar una aplastante mayoría en el Congreso para dinamitar la fiscalía o usar la comisión lava jato para blindar y atacar a quien convenga, como lo viene haciendo el fujiaprismo en complicidad insólita con otras fuerzas. Aún no hay una versión oficial del testimonio de Marcelo Odebrecht en Curitiba ante los fiscales peruanos, pero las versiones periodísticas serias coinciden en lo medular respecto de lo que se dijo en ese interrogatorio. Esas son las de Graciela Villasís en El Comercio, César Romero y Ricardo Uceda en LA REPÚBLICA, y Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros, a diferencia de las adaptaciones hechas en algunas redacciones para alinearse con el mandato naranja que buscó armar un psicosocial en el hemiciclo. Las versiones periodísticas de Gorriti, Uceda, Romero y Villasís apuntan en la ratificación de lo ya declarado por Odebrecht en el sentido de que su empresa financió las campañas electorales de los principales candidatos peruanos, incluyendo a Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, y que algunos de ellos habrían sido contratados como conferencistas o consultores. Son versiones que deben ser corroboradas y servir como insumo para el trabajo de fiscales y jueces que deben actuar en el marco de la ley. Y condenar si encuentran delito. Al respecto, no debiera olvidarse que, gracias a la complicidad de los parlamentarios, el financiamiento electoral indebido solo es una falta administrativa y no un delito, por lo que, al final, esas acusaciones no llevarían a nada, lo cual vuelve injusta la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Se debe investigar a fondo, caiga quien caiga, implique lo que implique, pues no se puede construir una nación que progrese con impunidad frente a la corrupción. Incluso, si eso implica al presidente de la república. Por ello, los fiscales deben investigar sin obstáculos derivados de las amenazas planteadas por una mayoría cada vez más bruta y achorada de Fuerza Popular, que está dispuesta a bajarse a fiscales o periodistas que pongan en peligro a Keiko Fujimori, pues lo que en el fondo más les preocupa es lo que se pueda investigar a su financista Joaquín Ramírez.
