Se vuelve a tensar la relación del gobierno con el fujiaprismo.,La calma chicha en la relación entre el gobierno y la bancada fujiaprista está por quebrarse por la insistencia ilegal de la Comisión Lava Jato (CLJ) de obligar al presidente Pedro Pablo Kuczynski a declarar ante ella en vez de solo responder, como ya lo ha hecho, por escrito. Con ese fin, ha procedido a insultar –como ya se ha vuelto el modo normal en este Parlamento y especialmente en la CLJ– a los constitucionalistas que han opinado que el presidente de la República no está a obligado de recibir a ese grupo congresal. “Estos dos constitucionalistas son proveedores del Estado”, dijo la congresista fujimorista e insospechable de lucidez Karina Beteta, sobre dos abogados respetables como Víctor García Toma y César Landa, que opinaron así, tratando de descalificarlos de un modo absurdo y sin sentido. Para desdicha de la CLJ, eso piensan todos los constitucionalistas serios del país. Aníbal Quiroga escribió hace poco en El Comercio en esa dirección, concluyendo que el presidente está protegido por la Constitución y no puede ser citado por ninguna autoridad. “El presidente es el único que tiene este privilegio, lo que llama la atención de algunos que se rasgan las vestiduras sin haber comprendido bien la Constitución”, indicó. No obstante, la CLJ insiste en citar a PPK y le ha pedido a la Comisión de Constitución que se pronuncie. Lo decidirá ese grupo presidido por la fujimorista Úrsula Letona, quien ya ha mostrado que, antes que la Constitución, está lo que digan Keiko Fujimori y su círculo más cercano compuesto por Ana Hertz, Pier Figari, José Chlimper y Vicente Silva Checa. Lo evidente es que la CLJ ha planteado una cacería política al presidente Kuczynski que obedece a la motivación central de este grupo, que no es otro que usar la comisión como instrumento de ataque político y, sobre todo, para el blindaje de Alan García y Keiko Fujimori. Pretender que la presidenta de la CLJ, Rosa Bartra, investigará sobre la transparencia de las finanzas de Keiko Fujimori, o que Mauricio Mulder sospechará de la honestidad de Alan García es tan ingenuo como creer que Elena Iparraguirre pueda un día criticar a Abimael Guzmán. Por su comportamiento tan grotescamente parcializado y políticamente motivado, la CLJ ha perdido toda credibilidad y respeto, y se ha convertido en un peligro para la estabilidad política del país, más allá de seguir demoliendo la escasa reputación de un congreso que cada día se esfuerza por ratificar su espíritu corrupto y mediocre.
