La impunidad es el factor que más impulsa las violaciones.,La terrible violación sufrida por una empadronadora que colaboraba con el censo es, en el fondo, expresión tanto de la tolerancia social a esta grave trasgresión, como de la impunidad ofrecida por sectores influyentes. Pese a la marcha de hace dos años por la violencia contra la mujer, varios sectores con poder no alinean sus decisiones para minimizar el riesgo de la violación mediante la maximización de la posibilidad del castigo. Es un fenómeno ya registrado por la Fundación Thompson, que concluyó que Lima es la quinta peor megaciudad del mundo para las mujeres especialmente en violencia sexual. Minimizar esa realidad es una grave irresponsabilidad, pero eso es lo que siguen haciendo los principales centros de poder del país. El poder judicial, por ejemplo, que hace poco anuló en parte el enfoque de género en el currículo nacional de educación básica por una demanda de un grupo ultraconservador, lo cual impide formar a niñas y niños en la defensa de sus derechos básicos. El riesgo es que los cambios recientes en el ministerio de educación consoliden esas posiciones, que también asoman en las fuerzas armadas como cuando Luis Giampietri sostiene la tontería de que la ‘igualdad de género’ “pone en riesgo la seguridad y la defensa nacional”. Es una actitud que también prima en un sector de la iglesia católica y evangélica, desde su defensa de ese absurdo de la ‘ideología de género’ hasta el blindaje del arzobispado de Lima a los violadores del Sodalicio. Marilú Martens acaba de decir: “Soy católica, ahora un poco confundida con las reacciones de la iglesia... de algunas personas de la iglesia”. La ex ministra lo sabe porque ella sufrió las consecuencias de una mayoría parlamentaria de Fuerza Popular –pero no solo de ahí– absolutamente comprometida con la causa ultraconservadora que, más allá del discurso retórico, a la hora de votar ha rechazado sistemáticamente todas las iniciativas que buscan defender los derechos de las mujeres frente a situaciones de agresión. Y una expresión de ello, a manera de cereza en el pastel, fue la designación como presidenta de la comisión de la mujer a una congresista como Maritza García, para quien hay agresores sanos que pierden los papeles ante comentarios ‘equivocados’ de la mujer, y a quien FP se vio obligada a sacar porque ella se atrevió a gritarlo. La fujimorista García –quien quizá le habría preguntado a la empadronadora violada ‘¿hijita, y qué le dijiste al agresor?’– es solo una expresión de esta tolerancia social y política que alienta a estos criminales sin castigo.
