La escasa confianza en los partidos y en la justicia.,La política peruana está, desde hace varios años, ‘judicializada’, pero pocas veces como ahora eso no solo es cierto sino muy pernicioso. Dicha judicialización de la política tiene que ver con que las decisiones principales de los políticos se realizan, por un lado, como reacción a los procesos contra sus líderes en el ministerio público, en el Poder Judicial, y en las comisiones investigadoras del Congreso de la República. Por el otro lado, la judicialización de la política significa que existe una gran facilidad para utilizar el poder de dichas instituciones para ponerlas en contra de los enemigos políticos. Como consecuencia, se produce un efecto pernicioso que lleva al desprestigio de instituciones clave del país por el cuestionamiento a la transparencia con que deben conducirse. Están, por un lado, las acusaciones contra el ex presidente Alejandro Toledo que demandan un pedido de extradición que camina como tortuga. Asimismo, está la prisión preventiva por dieciocho meses que sufren el ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. En ambos casos, las acusaciones son de naturaleza y gravedad distinta, pero tienen en común la falta de defensa política. Asimismo, el ex presidente Alberto Fujimori está cumpliendo condena en la Diroes pero ya está a punto de ser ser indultado porque sí tienen fuerza política. ¿Qué? ¿No se supone que la justicia es ciega y procesa a todos por igual, sin interesar su posición económica o su poder político? Todos saben que eso no es así en el Perú, y que la fuerza política es una gran herramienta para mover el Poder Judicial para no hablar del Congreso. Esto se ve en estos días. Keiko Fujimori es investigada por el ministerio público bajo la ley del crimen organizado, y su reacción es amenazar a los fiscales, que es lo mismo que hace el ex presidente Alan García frente a un proceso de naturaleza similar. Y, en ese contexto, Pedro Pablo Kuczynski, que no tiene mucho partido pero sí el poder derivado de ser el presidente, es citado por la comisión Lava Jato, y le responde que no atenderá la convocatoria porque eso implica el riesgo de maltratar la presidencia. En todo este contexto, lo que prima es la desconfianza general de la ciudadanía, que no cree en los políticos –tanto oficialistas como de oposición– ni en la transparencia e imparcialidad de las instituciones responsables de que se haga justicia. La gente no cree que el elenco principal de la política y de la institucionalidad actúe según el interés colectivo de que se haga justicia, sino por el interés particular de la impunidad.
