
El Supremo de España, por pedido de la Fiscalía Anticorrupción, decidió este jueves 27 de noviembre enviar a prisión preventiva a José Luis Ábalos, diputado por el partido de Gobierno (Partido Socialista Obrero Español - PSOE) y exministro de Transportes, y a su antiguo asesor Koldo García Izaguirre, debido a que, según se sustenta, había riesgo de fuga.
Tanto Ábalos como Koldo son investigados por encontrarse supuestas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia por Covid-19, en 2020.
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Leopoldo Puente, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, bajo "el riesgo de que pudieran sustraerse a la acción de la Justicia", dictó "prisión provisional, comunicada y sin fianza" para el actual diputado por el PSOE José Luis Ábalos, cercano al gobierno del presidente Pedro Sánchez, y a Koldo García, su exasesor cuando fue ministro de Transporte.
Esta decisión responde al pedido de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que coordina el Partido Popular, que, en el proceso, exigen una pena de 19 años y medio para Koldo, mientras que para Ábalos exigen 24 años. Además, para Víctor de Aldama, exempresario y presunto corruptor, no fue enviado a prisión provisional; sin embargo, la justicia pide que se le condene a una pena de siete años.
Los investigados son acusados de integrar una "organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación" de fondos en el proceso de supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de mascarillas beneficiando a Adif y Puertos del Estado, un "preciso reparto de funciones" que ocurrió en marzo de 2020, en pleno auge de la pandemia por Coronaviris. La Fiscalía señala que, aprovechando sus cargos, tomaron "la oportunidad de obtener un común beneficio económico".
Según fuentes consultadas por EFE, para el abogado de Ábalos, durante la vistilla, la prisión provisional pedida por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, es una "profecía autocumplida", ya que no habría peligro de fuga, alegando que si el diputado se hubiera querido escapar, ya lo hubiera hecho.
Por su lado, Patxi López, portavoz del PSOE en el Parlamento, afirma que el presunto acto de corrupción por el que se le investigara al exministro "no salpica ni al PSOE ni al Gobierno" de Pedro Sánchez. Anteriormente, Ábalos, por un tuit, afirmó que el presidente esáñol y Arnaldo Otegi, en 2018, se reunieron "para negociar la moción de censura contra Rajoy".
El artículo 21 del Reglamento del Congreso de España estipula que los diputados "quedarán suspendidos en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria".
Es decir, que, en el caso específico de Ábalos, quedará suspendido de sus derechos como diputado (funciones y atribuciones), pero no perdería su acta en el Legislativo, lo que implica que, una vez se resuelva su proceso y, si queda habilitado, podrá volver a ejercer sus funciones dentro del Hemiciclo.
Otra de las pérdidas que tendrá el diputado tras el dictamen es que no podrá votar en elecciones del país y tampoco percibirá su sueldo ni complementos hasta que salga de la preventiva.

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