Mediante un comunicado oficial, el general Luis Mauricio Ospina informó sobre la destitución de 6 oficiales, 4 suboficiales y 8 soldados profesionales, quienes violaron los principios de la institución en relación con los incidentes ocurridos el 11 de septiembre en Córdoba. Aquel día, en la localidad de Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, un grupo de soldados armado, con prendas oscuras y ocultando sus rostros con pasamontañas, amenazó a la población civil, incluyendo a mujeres embarazadas y niños. Según testigos, incluso intentaron agredir sexualmente a una mujer indígena.
En un inicio se pensó que eran miembros de las disidencias de las FARC, tal como habían afirmado al llegar; sin embargo, se descubrió que eran soldados del Ejército pertenecientes al Batallón Junín. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta denuncia, la cual no constituye un caso aislado en los últimos años.
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Varios videos grabados con los teléfonos móviles de los habitantes documentaron el hostigamiento y la violencia llevada a cabo por los miembros del Ejército, los cuales se difundieron rápidamente. A pesar de la atención de los medios y de los esfuerzos de las autoridades para proporcionar protección, las víctimas de este ataque continúan experimentando miedo, e incluso algunos optan por abandonar la comunidad en busca de seguridad.
"Existe un desplazamiento interno. Desde ayer, el Ejército llegó para intimidar a la comunidad, nos golpearon y arrojaron al suelo. Dos horas y media después, nos tomaron a mí y a un profesor como escudos humanos. Nos trasladaron dos hectáreas más allá de donde se encuentra la comunidad, nos dejaron en el suelo y nos amenazaron diciendo que si levantábamos la cabeza antes de media hora, nos dispararían", relata Dagobertlo López, representante legal de la comunidad Bocas del Manso, en una entrevista al medio local Caracol.
Asimismo, López menciona que los habitantes temen represalias, ya que los soldados recopilaron toda su información, incluyendo los números de sus cédulas. Además, no es la primera ocasión en que miembros de las Fuerzas Armadas actúan con impunidad y amedrentan a pueblos y aldeas
No es la primera vez que se presentan denuncias de este tipo por parte de las comunidades rurales. Desde el 2021, se han documentado incidentes similares en 3 regiones diferentes del país: Chocó, Putumayo y Guaviare. Estos casos tienen en común el nombre del general Óscar Leonel Murillo, quien está al frente de la Séptima División del Ejército, encargada de las operaciones militares en Chocó, Antioquia y Córdoba.
En este caso en específico, desde que los videos salieron a la luz, el Ejército ha mostrado su desaprobación y ha explicado que 'el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, afiliado a la Décima Primera Brigada, estaba llevando a cabo operaciones contra células del grupo armado Clan del Golfo con el propósito de proteger a las comunidades locales de la región.
Según el comunicado, la misión tenía como objetivo realizar reconocimientos en el área, en respuesta a información previa sobre rutas de movilidad usadas por grupos delictivos en sus actividades ilegales. Los colombianos esperan que las investigaciones concluyan y aguardan la respuesta de las autoridades para evitar la repetición de casos de violencia e impunidad.