El autoritarismo del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador es alabado por la ultraderecha latinoamericana. En Lima, capital del Perú, el alcalde, Rafael López Aliaga, pidió la integración del Ejército y la Marina de Guerra al resguardo policial callejero cuando ambas fuerzas son investigadas por las muertes en marchas. En Ecuador, el todavía presidente Guillermo Lasso decidió enfrentar la delincuencia militarizándola, con numerosos estados de excepción. La incontrolable masa fue uno de sus argumentos cuando optó por activar la muerte cruzada, que terminó con el cierre del Parlamento. Diferentes naciones han debatido la opción de asemejarse al modelo represor del mandatario salvadoreño, denunciado por supuestas violaciones a los derechos humanos.
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La autocracia comenzó hace cuatro años, el 1 de junio del 2019. Tan pronto como pudo, Bukele pactó con los líderes de las principales pandillas para negociar beneficios carcelarios. La organización Human Rights Watch (HRW) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusaron de haber permitido que sus funcionarios ingresaran a las cárceles con cabecillas de la organización criminal M-.13. Solo mediante el acuerdo la tasa de homicidios bajó. El presidente celebró la cifra como quien enarbola sus logros, desconociendo toda crítica existente.
El lazo se rompió en marzo del 2022. La traición sentida por los criminales se retrató en el asesinato de 87 civiles un fin de semana. Bukele reaccionó enrejándolos sin titubeos: ahora hay 70.000 pandilleros en sus megacárceles. Dentro de los viralizados centros penitenciarios —una puesta en escena que haría estremecer a fúnebres dictadores— , se golpean a los indagados, electrocutan después y entierran en una fosa común sin avisar a los deudos.
El estado de emergencia habilitó a las Fuerzas Armadas de El Salvador a detener a quienes ellos crean conveniente, incluso a jóvenes que estudiaban para sus exámenes de secundaria. A la fecha, han muerto 153 humanos, según la organización no gubernamental Cristosal.
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Bukele controla todas las dependencias del poder en su país. Ha criminalizado no solo toda disidencia de los civiles y la a veces ineficiente comunidad internacional, sino también al periodismo independiente. Acusó a El Faro de lavado de dinero sin fundamento alguno. En una conversación pasada con La República, el director del medio de comunicación, Carlos Dada, contó que por el acoso constante a su oficio optó por mudarse a Costa Rica.
Lo más probable es que Bukele sea reelegido el próximo año. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron asignados por él mismo para forzar una reinterpretación de la constitución, permitiéndole proseguir en la comandancia. Un guiño a las diatribas fujimoristas en el Perú.